La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad restricciones nocturnas para 463 personas monitoreadas electrónicamente, obligándolas a permanecer en domicilios entre las 20:00 y 08:00 horas. El proyecto genera debate sobre capacidad real de supervisión.
La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta y por unanimidad un proyecto de restricción de salidas nocturnas para personas con tobilleras electrónicas, que las obligará a permanecer en sus domicilios entre las 20:00 y las 08:00 horas, salvo en emergencias médicas. Sin embargo, la iniciativa abre un debate crítico sobre la capacidad real de fiscalización: la provincia cuenta con apenas 7 agentes para supervisar a 463 personas monitoreadas electrónicamente, distribuidos en 3 turnos. El proyecto fue impulsado por los legisladores Lucas Pica y Facundo López del bloque JSRN y contempla tres categorías de personas: condenados en prisión domiciliaria, imputados con prisión preventiva y personas con dispositivos como medida cautelar.
La iniciativa se fundamentó inicialmente en situaciones de violencia de género e incumplimientos de restricciones perimetrales durante la noche. El proyecto llega en un contexto en el que la provincia busca fortalecer herramientas de control, aunque su viabilidad operativa permanece cuestionada. Junto con esta medida restrictiva, Río Negro invertirá 12 millones de dólares en modernización del sistema de seguridad, incluyendo cámaras inteligentes y lectores de patentes, lo que sugiere que las autoridades reconocen la brecha tecnológica actual.
La legisladora Martina Lacour fue directa al cuestionamiento durante el debate. Citó el caso del asesinato del comerciante Elías Miguel en Bariloche el 17 de mayo, donde el acusado Juan Antonio Bonefoi portaba tobillera electrónica en el momento del hecho. Según Lacour, el dispositivo no generó alertas sobre los movimientos de Bonefoi durante el crimen. Su argumento sintetiza el dilema central: "No alcanza con establecer nuevas prohibiciones si no somos capaces de garantizar que se cumplan las que ya existen", indicó la legisladora. Lacour fue más allá y cuestionó directamente: "¿Cómo puede ser que alguien que estaba sometido a monitoreo electrónico haya participado de un delito en el que muere este comerciante sin que el sistema haya detectado ninguna alerta?"
Facundo López, impulsor de la iniciativa, defendió que la tobillera de Bonefoi fue importante para esclarecer el asesinato. Según López, el análisis posterior de registros permitió reconstruir recorridas en la zona del crimen. López aclaró que Bonefoi podía circular porque su medida judicial no establecía restricciones de desplazamiento. Su respuesta al cuestionamiento sobre si las tobilleras realmente controlan: "Nadie sabe antes que va a ir a un determinado lugar a cometer un ilícito", expresó el legislador. Este argumento expone la tensión fundamental entre legislar nuevas restricciones y enfrentar las limitaciones del sistema actual.
La provincia cuenta con infraestructura institucional desde hace años. Existe desde 2021 un protocolo provincial de actuación elaborado conjuntamente por autoridades de Seguridad, el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General. La Unidad de Agentes de Monitoreo Electrónico (UADME) funciona las 24 horas con personal en distintos turnos. Sin embargo, la brecha entre lo normativo y lo operativo es evidente: con solo 7 agentes para 463 personas, cada agente sería responsable de supervisar aproximadamente 66 casos, tarea que en la práctica resulta imposible de cumplir efectivamente, más aún si se añaden nuevas restricciones nocturnas que demanden mayor vigilancia activa.
El proyecto aprobado por unanimidad en primera vuelta ahora avanza hacia instancias posteriores en la Legislatura. La provincia invierte en modernización del sistema, pero el desafío inmediato sigue siendo operativo: ampliar la capacidad humana de supervisión. La iniciativa rionegrina ilustra una realidad que atraviesa gran parte del país: la brecha entre innovaciones legales y recursos reales para ejecutarlas. Si bien las restricciones nocturnas buscan aumentar el control y la seguridad, su efectividad dependerá de que Río Negro logre resolver el cuello de botella más crítico: el número de agentes disponibles para garantizar que efectivamente se cumplan las prohibiciones que ya existen.
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