El Gobierno Nacional envió al Congreso en abril una iniciativa para suspender las PASO en 2027, pero enfrenta un obstáculo aritmético: necesita 37 votos en el Senado y hasta ahora solo logró acercar 11 de los 16 que le faltan.

El Gobierno Nacional enfrenta un déficit crítico en su estrategia para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las elecciones de 2027: necesita 37 votos en el Senado, cuenta con apenas 21 bancas propias de La Libertad Avanza, y hasta el momento solo logró acercar 11 de los 16 votos adicionales que requiere de otras fuerzas políticas para alcanzar la mayoría necesaria. La iniciativa ingresó al Congreso en abril de 2026, pero el oficialismo se juega contra el reloj mientras la oposición bonaerense, con Axel Kicillof a la cabeza, construye su propia hoja de ruta electoral para 2027, aprovechando que Buenos Aires concentra casi el 40% del padrón electoral nacional.
La suspensión de las PASO es una batalla frontal en el Congreso. El Gobierno requiere una mayoría calificada de 37 senadores para reformar la ley electoral, pero la composición de la Cámara alta coloca al oficialismo en una posición débil. Con sus 21 bancas propias, La Libertad Avanza debe negociar con provincias que históricamente votaron distinto y cuyos gobernadores tienen sus propios intereses electorales en juego. Esos 16 votos faltantes representan un acertijo político complejo: algunos gobernadores pueden estar dispuestos a ceder, pero otros — particularmente los de orientación peronista o con aspiraciones presidenciales propias — ven la suspensión de PASO como una maniobra para debilitar su capacidad de procesar internas y competir en 2027.
Hasta ahora, el oficialismo acercó poco más de la mitad de lo que necesita. Diego Santilli, jefe de Gabinete, asumió el liderazgo directo de las negociaciones con gobernadores, un rol que subraya la urgencia de la Casa Rosada por avanzar en el tema. Mientras tanto, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, se mantiene al margen de la negociación directa, delegando el trabajo en Santilli y permitiendo que el Gobierno se presente con una cara más dialoguista frente a los gobernadores.
En Buenos Aires, la provincia que decide elecciones nacionales, el gobernador Axel Kicillof evalúa una estrategia completamente distinta: mantener vigentes las PASO y establecer elecciones simultáneas con los comicios nacionales de 2027. Esa decisión adquiere una magnitud política colosal porque Buenos Aires, que votó de manera desligada el 7 de septiembre de 2025, concentra casi el 40% del padrón electoral del país. Una elección concurrente — con PASO nacionales y provinciales juntas — permitiría que Kicillof procese competencia interna sin debilitarse, algo que la suspensión de PASO le impedirá.
El gobernador bonaerense articula su posición dentro del Movimiento Derecho al Futuro, una estructura política que reagrupó a cerca de 40 jefes comunales en una cumbre realizada en La Plata. Esa convergencia subnacional es significativa: los intendentes del conurbano, que controlan votos cruciales en la provincia, trabajan en la construcción de una candidatura presidencial para Kicillof. De hecho, según declaró un intendente del conurbano, "Axel no tiene otro destino que ser candidato a presidente", una sentencia que resume la apuesta política bonaerense para 2027.
La decisión de suspender PASO responde a un cálculo político claro: el oficialismo busca debilitar la capacidad del peronismo de procesar internas. Sin PASO, los candidatos de Juntos por el Cambio, el radicalismo y otras fuerzas pueden llegar a la elección general sin haber sido tamizados por competencias internas que, históricamente, resquebrajaban coaliciones y exponían liderazgos rivales. Para Kicillof y el peronismo bonaerense, mantener las PASO es una ventaja: permitiría competir en internas que no afecten la unidad frente a Milei.
Existe debate interno en el oficialismo sobre si la suspensión debe aprobarse antes de fin de año, algo que descalificaría cualquier proceso de PASO en las elecciones provinciales de 2027. El Gobierno sabe que si espera demasiado, los gobiernos provinciales pueden aprobar sus propias leyes electorales fijando PASO locales, como ya ocurrió en 2025 cuando las PASO nacionales fueron suspendidas pero varias provincias mantuvieron las propias.
El antecedente reciente es elocuente. En 2025, las PASO nacionales ya habían sido suspendidas, lo que obligó a provincias y fuerzas políticas a idear mecanismos propios de selección de candidatos. Buenos Aires eligió votar desligada del calendario nacional, una decisión que Kicillof aprovechó para consolidar su posición electoral. Esa experiencia muestra que, incluso sin PASO nacionales, provincias grandes pueden crear sus propias herramientas de competencia interna.
Paralelamente, el Gobierno avanza en otra reforma electoral: la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, una medida que busca simplificar y transparentar el sufragio, pero que también puede beneficiar a candidatos con mayor visibilidad y recursos de campaña.
Con 26 votos aún por conseguir, el Gobierno enfrenta negociaciones complejas en las próximas semanas. Cada gobernador que suma votos tiene su precio político: desde obras de infraestructura hasta mayor autonomía en decisiones electorales locales. Kicillof, mientras tanto, construye una alternativa: una Buenos Aires electoral fuerte, con PASO vigentes y elecciones concurrentes que le permitan procesar competencia interna sin debilitamiento. El resultado de esa pulseada definirá el tablero electoral de 2027.
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