Los juicios laborales rompen todos los registros en Argentina durante 2026. Pese a la vigencia de la reforma laboral de Milei, se acumularon 72.525 nuevos litigios en apenas siete meses.
Durante los primeros siete meses de 2026, Argentina registró 72.525 nuevos litigios laborales contra el sistema de riesgos de trabajo, una cifra que marca un hito en la historia judicial del país. El dato revela que, a pesar de la vigencia de la Reforma Laboral del gobierno de Javier Milei—aprobada en el Congreso Nacional con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones—la litigiosidad sigue en ascenso vertiginoso, contradiciendo los objetivos centrales de la iniciativa legislativa.
Las proyecciones indican que los juicios laborales de 2026 superarán los 134.141 casos registrados en 2025, consolidando una tendencia que las autoridades buscaban revertir. Solo en julio de 2026 se presentaron 7.814 nuevas demandas laborales, mostrando una actividad litigiosa que lejos de desacelerarse con la nueva normativa, mantiene un ritmo sostenido y preocupante para los actores del sistema.
La provincia de Santa Fe emerge como el territorio con mayor cantidad de juicios laborales presentados en el país. En apenas julio de 2026, Santa Fe acumuló 1.525 nuevas demandas laborales, cifra que prácticamente iguala la de Ciudad de Buenos Aires, que registró 1.510 nuevos litigios en el mismo mes, pese a ser la capital con mayor concentración de población.
El panorama se agudiza cuando se analiza el comportamiento histórico. Santa Fe acumula 12.150 juicios en los primeros siete meses de 2026 y registra un crecimiento del 18% respecto al mismo período de 2025. Esta cifra contrasta drásticamente con el promedio nacional de crecimiento del 2%, lo que posiciona a la provincia santafesina como un caso atípico dentro del contexto nacional y refuerza la percepción de que la litigiosidad laboral se concentra geográficamente en determinadas regiones.
Más grave aún es el indicador de densidad litigiosa: en Santa Fe se presentaron 349 juicios por cada 10.000 trabajadores, una proporción que duplica ampliamente el promedio nacional de 138 juicios por cada 10.000 trabajadores. Este guarismo sugiere que en Santa Fe existe una tasa de litigiosidad laboral entre 2.5 y 3 veces superior a la del resto del país, un fenómeno que demanda urgentes explicaciones y medidas correctivas.
La Reforma Laboral fue presentada expresamente para reducir la litigiosidad y terminar con la llamada industria del juicio, un fenómeno que, según la narrativa oficial, generaba costos innecesarios al sistema de riesgos de trabajo y desalentaba las inversiones laborales. El artículo 89 de la reforma laboral incorpora un mecanismo específico: exige a los jueces laborales alinear sus decisiones con la doctrina de la Corte Suprema, intentando establecer un criterio unificador que redujera la dispersión jurisprudencial y, consecuentemente, la multiplicación de demandas.
Sin embargo, los números de 2026 evidencian que estas medidas no han logrado su propósito hasta el momento. Los litigios continúan multiplicándose, y en algunas jurisdicciones como Santa Fe, lo hacen a un ritmo aún más acelerado que el año anterior, lo que genera serias dudas sobre la efectividad de los mecanismos legales introducidos por la administración Milei.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) ha elevado el tono de sus advertencias. Según la entidad, "este escenario exige respuestas concretas por parte de los actores judiciales laborales. Hay que revertir una dinámica que, de persistir, pone en riesgo a un sistema que hoy funciona y que es garantía para todos los trabajadores". Este pronunciamiento refleja la preocupación del sector asegurador respecto a que la litigiosidad descontrolada puede comprometer la viabilidad económica del sistema de riesgos de trabajo.
La UART, además, ha reclamado medidas judiciales para frenar la litigiosidad, lo que implica una mayor intervención de los tribunales en la selección y filtrado de demandas, así como en la implementación más estricta de los criterios establecidos en la reforma laboral. Los aseguradores advierten que, sin estas acciones, el costo de las indemnizaciones y las primas de seguros podrían volverse insostenibles, afectando tanto a las empresas como a la cobertura efectiva para los trabajadores accidentados.
El escenario que presenta 2026 es, en términos de litigiosidad laboral, contradicho a los pronunciamientos que acompañaron la aprobación de la reforma. Si bien es cierto que el promedio nacional de crecimiento ronda el 2%, las excepciones regionales como Santa Fe —con su 18% de aumento— generan interrogantes sobre si la reforma se aplica de manera uniforme en todo el país o si existen variables locales, culturales o procesales que dificultan su implementación efectiva.
Las cifras acumuladas hasta julio sugieren que 2026 cerrará con números significativamente superiores a 2025, desafiando la intención legislativa de contener la litigiosidad. Esto abre un debate sobre si la reforma requiere ajustes adicionales, si los juzgados laborales necesitan mayor capacidad institucional para aplicar los criterios de la Corte Suprema, o si existen factores estructurales en el mercado laboral argentino que generan inherentemente una mayor conflictividad laboral independientemente de los cambios normativos.
El gobierno nacional y los actores judiciales enfrentan una prueba de fuego en cuanto a la capacidad de implementar políticas que realmente reduzcan la litigiosidad sin comprometer los derechos de los trabajadores. Los próximos meses serán críticos para evaluar si se requieren medidas complementarias, reformas procedimentales adicionales, o si es necesario replantearse la estrategia global ante un fenómeno que, hasta el momento, resiste los intentos por su contención.