El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al Presidente Javier Milei, su hermana Karina y nueve investigados más en la causa $LIBRA. La investigación se cerró tras año y medio sin indagatorias.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al Presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a nueve investigados más en la causa que investiga la promoción y el colapso de la criptomoneda $LIBRA, según confirmó el fiscal Eduardo Taiano a través de su pedido de cierre que fue avalado por el magistrado. La causa, que se extendió durante aproximadamente año y medio, llegó a su fin sin que se realizara una sola indagatoria a los acusados ni se tomaran declaraciones de funcionarios, dejando un reguero de interrogantes sobre la cadena de eventos que rodeó al lanzamiento y desplome del activo digital.
El sobreseimiento abarcó también a los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Mark Davis, figura central en la operación junto a los gestores y lobbistas que trabajaron para mitigar los efectos de la crisis tras la caída del precio del token.
El 14 de febrero de 2025, Javier Milei realizó una publicación en la red social X promocionando la criptomoneda $LIBRA, presentada como una iniciativa para financiar empresas argentinas mediante la compra de criptoactivos. El anuncio generó un movimiento inmediato en el mercado: 74 billeteras virtuales compraron casi 13 millones de dólares en activos el mismo día del lanzamiento, antes incluso de que la publicación presidencial se difundiera masivamente. El precio del token experimentó una suba meteórica desde centavos hasta alcanzar aproximadamente cinco dólares, pero posteriormente se desplomó.
Una de esas billeteras obtuvo ganancias cercanas a ocho millones de dólares en el movimiento alcista previo al colapso, lo que encendió las alarmas sobre posibles operaciones adelantadas y beneficiarios privilegiados que habrían tenido acceso a información antes del anuncio público.
Entre los hechos que quedaron sin investigar figuran varios aspectos críticos. Milei publicó un código alfanumérico de 44 caracteres para acceder al contrato inteligente que no estaba disponible públicamente antes del lanzamiento, lo que sugiere que algunas personas tuvieron acceso prioritario a la información.
En el teléfono de Novelli se encontró un borrador que mencionaba un supuesto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado con el apoyo de Milei. Aunque el fiscal Taiano descartó este elemento al no poder acreditar que fuese enviado a otra persona, la existencia del documento en poder de uno de los investigados nunca fue completamente esclarecida.
Davis realizó transferencias bancarias en el día de su encuentro con Milei en Casa Rosada: una segundos antes y otra inmediatamente después del encuentro, según los registros. Novelli, Terrones Godoy y Davis estuvieron juntos en Dallas durante el lanzamiento y realizaron numerosas llamadas a Buenos Aires y Singapur antes, durante y después del tuit presidencial, pero la naturaleza de esas comunicaciones no fue investigada.
El diputado Maximiliano Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora $LIBRA del Congreso, ha cuestionado severamente el cierre de la causa. Ferraro sostiene que "el fiscal debería haber indagado sobre el origen del contrato publicado por Milei, las reuniones previas y las comunicaciones registradas durante la jornada del lanzamiento", según su declaración pública.
El legislador también enfatizó que "una publicación desde la cuenta personal de X no elimina la influencia que puede tener la investidura presidencial ni descarta la posibilidad de un eventual tráfico de influencias". Esta posición refleja la preocupación de sectores del Congreso respecto a que el sobreseimiento se basó en criterios formales sin abordar el fondo de las acusaciones.
El abogado Nicolás Oszust, quien representaba a inversores que adquirieron la criptomoneda $LIBRA, también cuestionó públicamente el cierre de la causa, considerándolo insuficiente para aclarar los hechos. Tras la caída del activo, los lobbistas involucrados intervinieron en gestiones destinadas a contener las consecuencias del escándalo, estableciendo contacto con el asesor presidencial Santiago Caputo, según lo documentado en la investigación.
La causa $LIBRA representa uno de los casos judiciales más controvertidos de la actual gestión presidencial: cerró sin dar respuestas sobre quiénes sabían qué, cuándo lo sabían y si existió alguna violación de normativas sobre conflictos de intereses, tráfico de influencias o uso indebido de la investidura presidencial. El sobreseimiento sella una investigación que dejó más preguntas abiertas de las que pudo cerrar, en un contexto donde la participación directa del Presidente en la promoción del activo nunca fue sometida a interrogatorio judicial.
