El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó allanamientos en el Banco Industrial y el Banco Hipotecario para investigar si facilitaron operaciones de lavado de dinero atribuidas al financista Ariel Vallejo, cercano a la AFA.

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó allanamientos simultáneos en el Banco Industrial (Bind) y el Banco Hipotecario en investigación de último momento que apunta a establecer si directivos y empleados de ambas instituciones facilitaron operaciones masivas de lavado de dinero atribuidas a Ariel Vallejo, financista con vínculos cercanos al presidente de la AFA Claudio Tapia. La acción judicial, de alcance nacional, busca determinar si las entidades bancarias omitieron deberes de control ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y si incurrieron en delitos de encubrimiento y asociación ilícita.
La subcuenta recaudadora de Sur Finanzas PSP en el Bind acumuló un flujo extraordinario de fondos: $1.732.232 millones entre enero de 2024 y octubre de 2025, con un pico de $216.567 millones en junio de 2025. El volumen es aún mayor cuando se revisan datos del Banco Central: hasta noviembre alcanzó $1.737.304 millones. Lo alarmante es que el 81,6% de esas operaciones —más de 15 millones de créditos por $1.416.882 millones— se ejecutaron después del 11 de septiembre de 2024, fecha en que ya había vencido el plazo de cierre de la cuenta.
El gerente de Cumplimiento del Bind notificó el cierre de la subcuenta el 12 de julio de 2024, con un plazo de 60 días para ejecutarse. Sin embargo, nunca se materializó. Desde el vencimiento de ese plazo en septiembre, continuó recibiendo depósitos masivos. Más aún: el 6 de marzo de 2025, cuando la investigación ya estaba en marcha, el Bind le ofreció a Sur Finanzas nuevos servicios digitales como API Bank y API CVU, una acción que sugiere complicidad operativa o negligencia sistémica.
La investigación revela un patrón de incumplimientos regulatorios. En octubre de 2024, Sur Finanzas declaró ante la UIF que no era sujeto obligado a reportar operaciones, pese a estar inscripta desde diciembre de 2023. En 2025 admitió no tener manual de prevención de lavado de dinero y operaba con clientes que tenían alertas o antecedentes bajo una "excepción interna" denominada 'Nueva modalidad Bind'. Este mecanismo interno, aún no totalmente esclarecido, habría permitido eludir controles normales.
En abril de 2025, Vallejo presentó una certificación de origen de fondos por $584.217 millones, pero omitió $19.938 millones, una discrepancia que apunta a ocultamiento deliberado de la verdadera magnitud de los flujos. Los investigadores detectaron movimientos aún más graves: $818.000 millones fueron canalizados a través de una billetera digital vinculada a la cuenta desde 1.563 contribuyentes sin capacidad económica comprobada. Esto sugiere estructuración de operaciones mediante terceros, una técnica clásica de lavado.
Entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre, Sur Finanzas transfirió $14.898 millones a Pagos Dica. El mismo 1 de diciembre —día de los allanamientos— se efectuaron $2.160 millones más hacia la misma entidad. Estos movimientos de último momento, coincidentes con la operación judicial, refuerzan la sospecha de que había intención de desplazar fondos antes del arresto de las investigaciones.
Rodríguez Ponte ordenó el secuestro de actas de directorio, actas de comités de riesgo, correos internos y legajos de aprobación de operaciones en ambas instituciones. Según datos del Banco Central, se registraron movimientos significativos hasta noviembre en el Bind y hasta el 3 de diciembre en el Banco Hipotecario. El Banco Central también dio de baja la billetera virtual de Vallejo, mientras que el Bind cerró definitivamente la cuenta de Sur Finanzas en noviembre de 2025. En el Banco Hipotecario, el cierre quedó sujeto a las medidas judiciales que continúan en desarrollo.
La investigación apunta a determinar si hubo coordinación entre directivos de ambos bancos, si conocían la identidad real de los beneficiarios finales de los fondos y si actuaron con intención de facilitar el delito o por negligencia grave en el control. Los allanamientos de hoy son el punto de quiebre de una operación que, según los análisis preliminares, podría ser una de las mayores maniobras de lavado de dinero detectadas en años recientes en el sistema financiero argentino.

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