La Corte Suprema Argentina revocó hoy un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal y ordenó que el juzgado federal de Daniel Rafecas investigue el presunto lavado de dinero y desvío de fondos en la AFA vinculado a una quinta en Villa Rosa.

La Corte Suprema Argentina resolvió hoy que el juzgado federal de Daniel Rafecas debe investigar la causa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA, anulando un fallo anterior de la Cámara Federal de Casación Penal que había derivado el caso al juzgado federal de Campana. La decisión marca un punto de quiebre en una investigación de alcance nacional que involucra testaferros, operaciones patrimoniales sospechosas y el rol de figuras clave de la asociación de fútbol.
La causa central gira en torno a una quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Según la investigación, la propiedad fue adquirida a través de la firma Real Central SRL por Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, dos personas que las autoridades señalan como testaferros de la operación. El esquema, típico de maniobras de lavado, utilizó intermediarios para ocultar la verdadera titularidad del bien.
Los antecedentes de ambos indagados resultan centrales para entender la estructura de la presunta operación ilícita. Pantano es monotributista que registraba una deuda bancaria superior a 2 millones de pesos al momento en que fue presentada la denuncia. Conte, por su parte, es jubilada que percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia. Ambos perfiles contrastan radicalmente con la capacidad económica que hubiera sido necesaria para adquirir un inmueble de esas características sin respaldo visible, reforzando la hipótesis de que actuaron como testaferros en operaciones financieras de mayor envergadura.
El tribunal de alzada anuló la decisión de los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes habían dictado el fallo que encauzaba la causa hacia Campana. La Corte consideró que esa resolución fue violatoria de las reglas de competencia y de la garantía de juez natural, dos principios fundamentales del derecho procesal penal argentino. Esta censura severa sugiere que el tribunal máximo estimó que hubo un desplazamiento irregular de la jurisdicción.
En su argumentación, la Corte Suprema subrayó el carácter complejo y multi-jurisdiccional de lo investigado. Según el tribunal: "No se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales". Esta interpretación amplía significativamente el alcance de la causa, transformándola de un mero litigio por bienes raíces en una investigación de redes de desvío de fondos de una institución central del fútbol argentino.
Daniel Rafecas, quien recibió esta causa tras la decisión de la Corte, está próximo a ser nombrado juez de la Cámara Nacional de Casación Penal. Su designación para esta investigación llega en un momento de tránsito institucional para el magistrado. La concentración de competencias sobre un caso de esta envergadura en su despacho refleja que, desde la perspectiva del tribunal máximo, se requería un juez federal con experiencia y jerarquía para desentrañar una trama que trasciende lo local y toca a una organización de proyección nacional.
La Corte Suprema, al fundamentar su decisión, enfatizó que la naturaleza de la investigación exigía una aproximación integrada a todas las operaciones patrimoniales involucradas, no simplemente a la transacción inmobiliaria de Villa Rosa. Esta lectura amplificada del caso abre la puerta a que Rafecas explore conexiones entre múltiples transferencias, modificaciones societarias y posibles desvíos de fondos que hubieran ejecutado otros actores vinculados a la AFA.
Con la anulación del fallo de Casación y la ratificación de la competencia de Rafecas, la causa retorna a su cauce original ante el juzgado federal. Desde allí, el magistrado deberá proseguir o reiniciar las medidas de prueba, incluyendo peritajes sobre los movimientos de fondos, indagatorias a Toviggino y otros potenciales involucrados, y análisis pormenorizado de los documentos societarios y patrimoniales que hayan circulado en la operatoria.
La decisión de la Corte Suprema también marca un mensaje institucional sobre los límites de las decisiones de las cámaras de casación cuando éstas interfieren con las reglas de competencia federal. En Argentina, el juzgado natural es un derecho constitucional, y su violación por decisiones jurisdiccionales puede ser censurada por el tribunal máximo. Este caso ejemplifica cómo ese control funciona en la práctica cuando hay discrepancias sobre qué juzgado debe conocer en un asunto de complejidad multidimensional.

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