El máximo tribunal del país dejó sin efecto una decisión que enviaba el expediente a Campana y determinó que debe intervenir el Juzgado Federal N.º 3 de CABA. La causa investiga a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte por presuntas maniobras financieras que, según la hipótesis fiscal, habrían implicado el desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el 19 de noviembre de 2026 que la investigación por presunto lavado de activos vinculada con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debe continuar en el ámbito de la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puntualmente, el máximo tribunal declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3 de esta ciudad, dejando sin efecto la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que había asignado la causa al Juzgado Federal de Campana.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fue impulsado por el recurso extraordinario del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Mario Alberto Villar.
El origen: una quinta en Pilar
La causa tiene su punto de partida en una denuncia que atribuyó a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte haber adquirido, a través de la firma Real Central SRL, un inmueble ubicado en la calle Misiones 4097 de la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, sin capacidad económica suficiente para justificar la operación. Sobre esa base se postuló la posible comisión del delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal.
Sin embargo, según estableció la Corte, la investigación fue ampliándose a medida que avanzó la pesquisa. Lo que comenzó como la compra de un inmueble derivó en la indagación de un presunto entramado societario y financiero de mayor escala.
Qué investiga la causa: sociedades, autos de alta gama y circuitos internacionales
A lo largo de la instrucción, el expediente fue incorporando nuevos elementos. El fallo de la Corte describe que la hipótesis investigativa comprende “nuevas sociedades comerciales, relaciones patrimoniales, transferencias de fondos, vehículos de alta gama, inmuebles, sociedades constituidas en distintas jurisdicciones e incluso circuitos financieros internacionales presuntamente vinculados con la administración de recursos de la AFA y el desvío de fondos en su perjuicio”.
Entre los bienes mencionados en el expediente figuran 54 vehículos a nombre de Real Central SRL —algunos de colección—, caballos árabes y de pura sangre, y otras propiedades. La escritura de la quinta de Villa Rosa fue celebrada el 30 de mayo de 2024 en un domicilio situado en CABA.
La Corte señaló que la AFA —“entidad alrededor de la cual se habría estructurado parte de la hipótesis investigativa”— tiene su sede social en la calle Viamonte 1366/76 de esta ciudad, donde habrían tenido lugar los actos de gobierno de la entidad, la disposición y administración de los fondos vinculados a su actividad, y la presunta actividad ilícita de algunos de sus directivos o allegados.
Por qué la Corte rechazó la competencia de Campana
El debate judicial giró en torno a qué juzgado debía investigar el caso. La defensa de Pantano y Conte sostuvo que correspondía al Juzgado Federal de Campana, dado que el inmueble investigado se encontraba dentro de su jurisdicción territorial. Esa postura fue aceptada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, decisión que el fiscal Villar impugnó hasta llegar a la Corte.
El máximo tribunal rechazó el razonamiento de la cámara de manera contundente. Sostuvo que “el Partido de Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación”, y que “la vinculación de esa jurisdicción con el caso deriva únicamente de la ubicación de un inmueble, el cual estaría inscripto a nombre de personas que se sospechan testaferros de los verdaderos autores del delito”.
La Corte consideró que la sentencia apelada “prescinde de modo manifiesto de las constancias de la causa” al reducir la competencia territorial al lugar donde se encuentra el inmueble, ignorando que lo que se investiga es “una presunta maniobra de lavado de activos concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera” a través de personas jurídicas, modificaciones societarias y operaciones patrimoniales.
Otras investigaciones sobre la AFA
El fallo menciona que la Corte Suprema debió intervenir recientemente en otras causas vinculadas a la misma institución. El 5 de noviembre de 2026, el tribunal declaró la competencia de la justicia nacional penal ordinaria de CABA para investigar irregularidades en el manejo de fondos de la AFA atribuidas a directivos de la entidad, en una causa iniciada por Gabriela Érica Gillette (expediente CCC 66191/2025/4/CS1). En ese proceso se investigan presuntas administración fraudulenta y balance falso que habrían tenido lugar en el ámbito capitalino.
También se menciona la causa CPE 286/2026/1/CS1 “Tapia, Claudio Fabián y otro s/ incidente de competencia”, iniciada por la denuncia de Guillermo Tofoni por el delito de balance falso (artículo 300 del Código Penal), en la que la Corte también declaró la competencia del fuero nacional de CABA.
Qué sigue
Con la resolución de la Corte, el expediente vuelve al Juzgado Federal N.º 3 de CABA, que fue el primero en intervenir en la causa y que deberá continuar la investigación. La causa se encuentra aún en etapa preliminar: por ahora hay hipótesis de investigación y denuncias, pero no imputados formalmente procesados ni hechos probados en juicio.

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