Trece provincias argentinas financian con presupuesto propio la compra de insumos para aborto seguro ante la discontinuidad de compras del Ministerio de Salud Nacional, que redujo su presupuesto 57% entre 2023 y 2026.
Trece provincias argentinas garantizan acceso a aborto legal con fondos propios después de que el Ministerio de Salud Nacional interrumpiera sus compras de mifepristona y misoprostol, según documenta un informe presentado en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego sostienen la provisión de estos medicamentos con presupuesto provincial, mientras el presupuesto del Programa de Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable se contrajo 57% entre 2023 y 2026. El dato es relevante porque ocurre en un contexto donde se registraron más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público en 20 provincias durante 2025, una cifra que refleja tanto la demanda persistente como la fragilidad de una red que depende cada vez más del esfuerzo territorial.
Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del Cedes y Conicet, describió el panorama en términos que evidencian la precarización del sistema: "frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de mifepristona y misoprostol, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio". Esto significa que gobiernos provinciales —con capacidades fiscales muy desiguales— absorben una responsabilidad que, según la Ley 27.610 sancionada en 2020, tiene alcance nacional. La medida nacional rompe una cadena de suministro que, aunque siempre fue desigual en el territorio, al menos garantizaba un piso federal mínimo. Ahora, jurisdicciones que carecen de recursos suficientes quedan fuera de esa red provincial de 13 provincias que sí pueden costear los insumos.
El colapso presupuestario es aún más drástico en anticoncepción. La cobertura de anticonceptivos disminuyó 93%, pasando de más de 1,2 millones de personas en 2024 a apenas 63 mil en 2026. Esta caída tiene implicancias directas en salud pública: cada peso invertido en anticoncepción genera ahorros de tres pesos en atención médica. Los números sugieren un retroceso acumulativo: menos acceso a prevención, mayor presión sobre servicios de aborto, menor capacidad para garantizar ambos derechos. En paralelo, Argentina registró una caída del 69% en la fecundidad de niñas de 10 a 14 años en la última década y una caída del 70% en mujeres de 15 a 19 años, datos que contrastan con la reducción presupuestaria y sugieren que el acceso desigual no impide que adolescentes —una población vulnerable— continúen experimentando embarazos no deseados.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610) fue sancionada en diciembre de 2020 tras años de movilización por derechos reproductivos. Desde entonces, el Proyecto mirar ha monitorizado su implementación. Los cortes presupuestarios que ahora se evidencian rompen un compromiso legislativo explícito: garantizar acceso universal a procedimientos seguros. En 2026, el gobierno argentino ratificó adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer, una reafirmación formal que contrasta con los recortes ejecutivos en salud reproductiva.
La tasa de aborto se mantuvo prácticamente igual entre 2023 y 2025 (7,49 y 7,45 por 1000 mujeres de 15 a 49 años respectivamente), según los cálculos que fundamentan el informe. Esa estabilidad podría parecer positiva, pero en realidad oculta la fragilidad del acceso: la demanda no bajó porque las necesidades de las mujeres no desaparecieron; simplemente, se canalizó a través de provincias que pudieron costearla. Romero destacó que "que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior es un buen indicador", pero ese "buen indicador" se logra únicamente donde hay presupuesto provincial garantizado.
En agosto de 2026, el presidente Javier Milei criticó el aborto legal en su presentación ante el Council of Americas, dejando clara una orientación de gobierno hostil a la expansión de derechos reproductivos. Esa posición política se traduce directamente en decisiones presupuestarias: discontinuar compras nacionales de medicamentos es coherente con esa visión, aunque genera fragmentación territorial en el acceso a un derecho legislado.
La nota sobre estos 87 mil procedimientos en 20 provincias es el principal indicador que tendrá que monitorearse en los próximos meses: si la cobertura provincial se achica o si nuevas provincias dejan de financiar, ese número caerá. Mientras tanto, la brecha entre lo que la ley promete y lo que el presupuesto ejecutivo entrega sigue ampliándose.
