Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal acusa al gobernador de La Rioja de haber utilizado fondos nacionales para pavimentar la ruta que conduce al establecimiento agropecuario de su familia. Su hijo preside la empresa eléctrica estatal que —según la denuncia— también habría desviado recursos hacia el mismo predio. La causa está en manos de la Justicia Federal.

En La Rioja, una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal puso al gobernador Ricardo Quintela en el centro de una investigación que lo acusa de haber utilizado más de $7.015 millones de pesos en fondos públicos para pavimentar la Ruta Provincial N° 6 — un camino que, según sostiene la presentación judicial, termina en el portón de su propio campo.
El denunciante es un ciudadano riojano llamado Javier H. Ruiz, quien formalizó la acusación el 13 de octubre de 2025 ante la Justicia Federal. La presentación apunta no solo al gobernador, sino a una red de funcionarios y familiares directos que —de acuerdo con lo expuesto— habrían operado en conjunto para canalizar recursos del Estado hacia el beneficio privado de la familia gobernante.
La causa investiga presuntos delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y asociación ilícita. El gobierno de Quintela no respondió a las consultas periodísticas sobre el caso.
En el centro de la denuncia aparece el Establecimiento Agrícola-Ganadero "El Mistol S.R.L.", una empresa cuya existencia y vínculos con la familia gobernante están documentados en el propio Boletín Oficial de La Rioja y en las declaraciones juradas del mandatario.
El gobernador Quintela figura como fundador de la firma, constituida el 4 de noviembre de 2014. Entre los socios registrados aparecen Jerónimo Quintela — su hijo, que actualmente preside la distribuidora eléctrica estatal EDELAR — y otras dos personas de su entorno.
La denuncia sostiene que la Ruta Provincial N° 6, cuya pavimentación fue financiada con fondos coparticipables y nacionales, fue "diseñada y ejecutada con el objetivo de beneficiar" directamente a ese predio familiar. Según el escrito presentado ante la Justicia, el trazado vial no pasa por centros poblados de relevancia sino que conduce al establecimiento de los Quintela.
Uno de los puntos más graves que señala la denuncia tiene que ver con la forma en que se contrató la obra. Según la acusación, la licitación pública fue deliberadamente evitada mediante el fraccionamiento de los trabajos en tres etapas separadas, invocando de manera que el denunciante califica como "abusiva" una Ley Provincial de Emergencia para habilitar la contratación directa.
Este mecanismo, de probarse, permitiría eludir los controles propios de las licitaciones — que obligan a publicar pliegos, recibir ofertas competitivas y justificar la adjudicación ante organismos de control.
El Administrador General de Vialidad Provincial, Jorge Escudero, aparece entre los denunciados por su presunta participación en el esquema.
La denuncia incluye un segundo eje que involucra a EDELAR S.A., la distribuidora eléctrica estatal de La Rioja, cuyo presidente es nada menos que Jerónimo Quintela, hijo del gobernador.

Según la acusación, EDELAR habría desviado personal, maquinarias y materiales del Estado para realizar obras de tendido eléctrico en la traza de la Ruta 6 y sus zonas adyacentes — coincidentes con la ubicación de "El Mistol" — en áreas de escasa demanda poblacional que no justificarían la inversión desde ningún criterio técnico o social.
El Gerente General del ente regulador EUCOP, Remo Bolognesi, también fue incluido en la denuncia por haber presuntamente omitido su deber de fiscalización sobre esas operaciones.
Pero la trama familiar no se agota en Jerónimo. El Boletín Oficial de La Rioja publicó en enero de 2025 que Guadalupe Quintela, otra hija del gobernador, fue designada gerente de "El Mistol S.R.L." — la misma empresa privada cuyo camino de acceso habría sido pavimentado con dinero público.
Lo que no publicó el Boletín Oficial, pero sí revelaron medios de la provincia, es que Guadalupe también figura como empleada del gobierno de La Rioja desde septiembre de 2021, percibiendo un sueldo estatal de $1.250.000 mensuales.
El episodio no es desconocido en los pasillos del poder nacional. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y referente libertario en La Rioja, lo planteó públicamente sin rodeos:
"Se hizo un camino de 100 kilómetros para ir a su campo. Solo pasa por el campo de él para darle valor. Es la provincia más corrupta de la Argentina, donde tiene 300, 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida."
Las declaraciones de Menem, realizadas en el marco de una confrontación política con Quintela, coinciden en sus puntos centrales con la denuncia penal presentada ante la Justicia Federal.
La presentación judicial describe lo que califica como un "patrón de conducta sistemático" orientado a convertir los recursos públicos en instrumentos de beneficio personal y político, y no un simple desacierto administrativo. El esquema denunciado funcionaría así:
El gobernador es propietario de "El Mistol S.R.L." Su hijo Jerónimo preside EDELAR, la empresa eléctrica estatal. La Ruta 6 fue pavimentada con fondos nacionales sin licitación, fraccionando la obra en etapas para evitar controles. EDELAR habría aportado personal y equipos del Estado para las obras eléctricas del mismo corredor. La hija del gobernador figura como gerente de la empresa familiar y cobra un sueldo estatal en simultáneo.
La denuncia solicita la suspensión inmediata de toda erogación, pago o certificación vinculada a la obra, para evitar la consumación del presunto daño al patrimonio público.
La causa penal tramita ante la Justicia Federal de La Rioja. En paralelo, la distribuidora EDELAR — presidida por su hijo — también enfrenta un proceso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz de una medida cautelar solicitada por CAMMESA por el presunto incumplimiento en el pago de la energía eléctrica adquirida al mercado mayorista.
Todos los hechos descriptos en esta nota se basan en la denuncia penal presentada el 13 de octubre de 2025, en documentos del Boletín Oficial de La Rioja y en declaraciones públicas de funcionarios nacionales. Las acusaciones son alegaciones que se encuentran en etapa de investigación judicial. Los acusados no han sido condenados y gozan de la presunción de inocencia.

Corte Suprema anula fallo y envía caso de lavado en AFA a Rafecas

Minería: el tercer motor de Argentina que crece bajo presión geopolítica

Sobrina de Insfrán designada en tribunal formoseño genera rechazo de la oposición

Interna peronista: Massa reúne al PJ en San Fernando y La Cámpora moviliza a Constitución