Decenas de manifestantes protestaron frente a la propiedad de Peter Thiel en Buenos Aires. Llevan máscaras y pancartas contra reformas regulatorias que beneficiarían al magnate.
Decenas de manifestantes se congregaron frente a la mansión de Peter Thiel en Buenos Aires para protestar contra una serie de iniciativas legislativas impulsadas por la administración Milei. Los asistentes llevaban máscaras blancas y portaban pancartas con consignas que incluían "Peter Thief" y "No a la ley Peter Thiel". La propiedad en cuestión, adquirida por el magnate tecnológico en abril de 2026, está valuada en 12 millones de dólares.
La protesta refleja una creciente tensión en el país respecto a los acuerdos entre el Estado argentino y figuras del ámbito tecnológico global. El evento se produce en el contexto de un debate legislativo intenso que ha ocupado los últimos días en el Congreso Nacional.
El martes pasado, la Cámara de Diputados realizó una sesión de seis horas para examinar modificaciones regulatorias impulsadas por la administración de Javier Milei. Entre los temas analizados figuraban proyectos de ley de alto impacto para el sector tecnológico y de datos.
En el transcurso de la sesión, fueron citados a comparecer Peter Thiel, el presidente Milei y un funcionario de inteligencia. Sin embargo, ninguno de ellos presentó. Según el diputado nacional Juan Marino, quien participó activamente del debate: "Ninguno de ellos respondió, y ninguno de ellos acudió a la reunión".
La ausencia fue interpretada por legisladores opositores como una falta de transparencia frente a iniciativas que afectarían directamente a amplios sectores de la población argentina.
Uno de los proyectos más controvertidos bajo escrutinio legislativo es el denominado "Súper RIGI". Este régimen ofrece una alícuota tributaria mínima y contempla un blindaje regulatorio de 30 años contra futuras modificaciones normativas. El proyecto prioriza específicamente los centros de procesamiento de datos destinados a inteligencia artificial, áreas donde empresas como Palantir—asociada a Thiel—tienen presencia global significativa.
La magnitud del blindaje regulatorio despertó críticas dentro de la oposición y entre sectores de la sociedad civil. El diputado Marino caracterizó el conjunto de iniciativas como un "paquete legislativo tecnofascista", expresando sus preocupaciones sobre los alcances de estas reformas en términos de soberanía de datos e impacto tributario a largo plazo.
Además del Súper RIGI, la administración Milei impulsó un proyecto para derogar los límites existentes a la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros. Este proyecto, sin embargo, resultó frustrado en el marco de los debates parlamentarios.
Simultáneamente, un decreto presidencial estableció la obligatoriedad de transferencia de bases de datos personales hacia áreas de inteligencia. Esta medida generó preocupaciones adicionales respecto a la privacidad y el control estatal de información sensible sobre ciudadanos argentinos.
De acuerdo con información disponible, Thiel mantuvo sucesivos encuentros con Milei y colaboradores cercanos al presidente. Estos encuentros habrían precedido a la introducción de los proyectos legislativos ahora bajo debate.
Existen cuestionamientos públicos sobre la suscripción de convenios entre el Estado argentino y Palantir, la empresa de análisis de datos con la que Thiel está asociado. Los detalles específicos de estos acuerdos no han sido plenamente divulgados, alimentando especulaciones sobre el alcance real de la influencia de Thiel en la formulación de política pública.
Parlamentaria del Mercosur Cecilia Nicolini capturó en una frase la preocupación de sectores críticos con estos movimientos: "Argentina es una especie de laboratorio". La expresión sintetiza el temor de que reformas regulatorias radicales estén siendo ensayadas en el país sin una evaluación completa de sus consecuencias sociales y económicas.
La combinación de cambios regulatorios—el Súper RIGI, el decreto sobre datos personales, los encuentros entre Thiel y la administración—configura un escenario donde la confluencia de intereses empresariales globales y decisiones de política estatal genera tensiones que trascienden los espacios parlamentarios y se expresan en las calles.
Los próximos pasos legislativos y la eventual votación de estos proyectos determinarán el alcance definitivo de los cambios regulatorios. Mientras tanto, la protesta en la mansión de Thiel subraya la necesidad de mayor transparencia y debate público sobre acuerdos que pueden afectar la privacidad, la soberanía de datos y la estructura fiscal del país a las próximas tres décadas.