El proyecto Super RIGI obtuvo media sanción en Diputados y está en el Senado. Ofrece beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por 30 años para inversiones mayores a mil millones de dólares en infraestructura digital, inteligencia artificial y data centers.
El proyecto del Super RIGI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y fue remitido al Senado, donde su avance quedó detenido por falta de dictamen de comisiones. Se trata de un régimen de excepción diseñado para atraer inversiones de más de mil millones de dólares en sectores clave como infraestructura digital, inteligencia artificial y data centers, ampliando el esquema original de incentivos aprobado en 2024.
El régimen propone beneficios sin precedentes en duración y magnitud. Durante 30 años —ampliables a 40 para proyectos declarados estratégicos— las empresas seleccionadas accederían a una batería de ventajas fiscales, cambiarias, aduaneras y regulatorias que transformaría significativamente sus costos operativos frente a los estándares nacionales.
La tasa impositiva es el aspecto más distintivo del Super RIGI. Las grandes inversiones pagarían Ganancias del 15%, comparado con el 25% del RIGI original y el 35% del régimen tributario general. Esta diferencia de veinte puntos porcentuales representa una reducción histórica para cualquier actividad económica en Argentina.
A ello se suman contribuciones patronales reducidas al 10%, la eliminación total de derechos de exportación desde el inicio del proyecto y la exención de aranceles para las importaciones vinculadas directamente a la inversión aprobada. El régimen, además, permite deducir el 60% de la inversión total durante el primer año mediante un sistema de amortización acelerada, lo que acelera la recuperación de capital inicial.
Uno de los puntos más sensibles es la disponibilidad de divisas. El Super RIGI garantiza una extracción progresiva de dólares hasta alcanzar el 100% al tercer año de operación, eliminando cualquier restricción cambiaria para las ganancias y utilidades. Esta cláusula responde directamente a las preocupaciones históricas de inversores extranjeros sobre el acceso a moneda extranjera en Argentina.
En paralelo, el proyecto compromete una estabilidad normativa de 30 años, durante la cual el Estado nacional no podría modificar el régimen tributario, laboral ni ambiental aplicable a cada proyecto. Para emprendimientos considerados estratégicos, esa garantía se extiende a 40 años.
El único mecanismo de conexión con la economía local es la cuota mínima del 20% en contratación de proveedores nacionales. Sin embargo, el proyecto no establece sanciones claras ni mecanismos de fiscalización robustos en caso de incumplimiento, lo que expone el carácter principalmente extractivo del régimen.
Especialistas en tecnología digital sostienen que esta estructura replica un modelo que beneficia desproporcionadamente a corporaciones transnacionales. Según Soledad Vogliano, integrante del Grupo ETC y especialista en tecnologías digitales, "Tenés empresas que reciben previsibilidad durante tres décadas, mientras el Estado y la población local no reciben ninguna garantía equivalente".
En abril, Peter Thiel, cofundador de Palantir, se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La reunión coincidió temporalmente con el impulso del Super RIGI en el Congreso. Sin embargo, no hubo información oficial sustantiva sobre los temas específicos tratados en el encuentro, lo que ha alimentado especulaciones sobre la influencia de actores tecnológicos globales en el diseño del régimen.
Palantir es una empresa especializada en análisis de datos y sistemas de inteligencia artificial, sectores directamente beneficiados por el nuevo régimen de incentivos.
La evaluación crítica del Super RIGI señala que no se trata de una política integral de desarrollo tecnológico nacional. Vogliano lo resume así: "El Súper RIGI para nada constituye una política de desarrollo tecnológico, sino que es un régimen de excepción diseñado para reducir costos y riesgos para corporaciones transnacionales".
La aprobación en Diputados y el trámite actual en el Senado reflejan una tensión política entre sectores que ven el Super RIGI como motor de inversión y modernización, y otros que lo perciben como una entrega de recursos fiscales sin compensación equivalente para la sociedad argentina. El movimiento ambientalista, por su parte, ha mostrado una capacidad de organización federal e intersectorial frente a proyectos que afectan bienes comunes, generando presión adicional sobre el proceso legislativo.
Mientras el Senado aguarda los dictámenes necesarios para avanzar, el debate sobre los verdaderos beneficios y riesgos del Super RIGI continúa en múltiples espacios: académicos, ambientalistas, sindicales y legislativos.