La Federación Argentina de Municipios repudia los cambios al Régimen de Zona Fría sancionados en el Senado. La FAM, que aglutina más de 500 intendentes, advierte que la eliminación de beneficios de gas afectará a millones de usuarios y daña derechos fundamentales.

La Federación Argentina de Municipios (FAM) emitió un comunicado oficial repudiando la modificación del Régimen de Zona Fría aprobada en el Senado de la Nación por impulso del Gobierno de Javier Milei, en una medida que afecta directamente a más de 500 intendentes que representa la organización en todo el país y que tendrá consecuencias sobre millones de usuarios de gas en regiones con alto consumo invernal. Según la FAM, "este nuevo avance sobre los derechos de las argentinas y los argentinos les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas", denuncia la organización que encabeza Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y que se posiciona como la principal voz del municipalismo crítico frente a las reformas del Ejecutivo nacional.
El esquema que ahora es objeto de modificación contemplaba un sistema de tarifas diferenciales para regiones según condiciones climáticas, permitiendo que zonas con mayores demandas de calefacción durante los meses de invierno accedieran a beneficios en el consumo de gas que reconocían la realidad económica y climática de esos territorios. Este mecanismo operaba como una herramienta de redistribución regional que intentaba equilibrar la carga tarifaria en función del clima y la necesidad de calefacción en distintas áreas del territorio nacional.
La reforma elimina o reduce significativamente los beneficios de gas para zonas identificadas como de alto consumo invernal, removiendo el régimen diferenciado que favorecía a regiones con climas más rigurosos durante el invierno. Entre las áreas perjudicadas se encuentran municipios de la provincia de Buenos Aires, que hasta ahora gozaban de protección tarifaria bajo este esquema y que, con esta modificación, verán reducidos o suprimidos sus beneficios de consumo. La magnitud del cambio es tal que la FAM lo caracteriza no como un ajuste administrativo, sino como un "ataque" directo a derechos de familias argentinas.
Desde la perspectiva del municipalismo, la decisión del Gobierno representa un retroceso en materia de derechos sociales y un cambio de criterio en cómo el Estado nacional entiende su responsabilidad con los territorios menos favorecidos climáticamente. La FAM plantea que la modificación lesiona garantías de acceso a servicios básicos para millones de argentinos y argentinas, particularmente en contextos donde la calefacción no es un lujo sino una necesidad elemental para la supervivencia en épocas de temperaturas extremas. El comunicado de la organización remarca que "rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho", una declaración que refleja la línea política del municipalismo opositor frente a las políticas del Gobierno libertario.
La eliminación o reducción de los beneficios de Zona Fría implica un doble impacto: por un lado, las familias de esas regiones enfrentarán facturas de gas más elevadas durante el invierno, cuando la demanda es mayor; por otro, los municipios pierden una herramienta de política social para aliviar la carga de gastos esenciales en sus jurisdicciones. Esta medida se alinea con el programa de austeridad del Gobierno de Milei, que ha priorizado la reducción del gasto público y la eliminación de subsidios, aunque la FAM advierte que el costo social de esta decisión será muy elevado para poblaciones vulnerables en regiones frías.
Desde la FAM, que congrega intendentes de distintas fuerzas políticas pero mayoritariamente opositores, se espera continuar rechazando estas medidas en las próximas semanas, posiblemente recurriendo a acciones de presión política o judicial para defender los intereses municipales y de sus ciudadanos en este tema sensible de política tarifaria.