La morosidad en Argentina alcanzó el 18,0% del crédito total en julio de 2026, marcando el 21er incremento mensual consecutivo. San Luis registra morosidad provincial de 23,5%, entre las más críticas.

La morosidad en la Argentina llegó al 18,0% del total del crédito en julio de 2026, consolidando una crisis de endeudamiento que no cesa. Se trata del 21er incremento mensual consecutivo en el nivel de irregularidad de pagos, un panorama que pone en alerta al sistema financiero nacional y advierte sobre el deterioro de la capacidad de pago de las familias argentinas.
La acumulación de alzas es contundente: en términos interanuales, la morosidad se incrementó 10,3 puntos porcentuales, lo que refleja una tendencia descendente profunda en la salud crediticia del país. Aún más preocupante es que la proporción de deudores en mora alcanzó al 26,6% del total de titulares de crédito, es decir, más de uno de cada cuatro argentinos con deuda está en situación irregular.
El stock total de deuda de las familias argentinas ascendió a 99,4 billones de pesos a precios de julio de 2026, una cifra que evidencia la magnitud del endeudamiento. Sin embargo, el flujo de nuevo crédito se desaceleró: el mercado crediticio registró una contracción del 0,7% respecto de junio en términos reales, señal de que los bancos comienzan a restringir la oferta mientras crece la morosidad.
Esta paradoja —más deuda acumulada pero menos crédito nuevo disponible— genera un círculo vicioso donde los deudores no pueden refinanciarse ni acceder a capital fresco para normalizar sus pagos atrasados.
El sistema financiero tradicional representa el 85,4% del crédito total pero mantiene una morosidad más controlada del 15,8%. La situación se invierte de forma alarmante en el segmento de proveedores no financieros de crédito, que concentran apenas el 14,6% del mercado pero enfrentan una morosidad del 31,3%, el doble que la banca formal.
Esta divergencia sugiere que los deudores con acceso a crédito de proveedores (comercios, empresas de servicios, entidades no reguladas) están en peor posición financiera o carecen de mecanismos de protección crediticia similares a los del sistema bancario. La mora operativa, por su parte, se ubicó en el 11,8% del crédito, un segmento donde la irregularidad es más manejable pero igualmente en aumento.
San Luis registra una morosidad del 23,5% del crédito provincial, ubicándose como una de las jurisdicciones más afectadas por la crisis de endeudamiento. La provincia es superada únicamente por La Rioja, que alcanza el 25,3%, y está en línea con Santa Cruz, que llega al 23,6%.
En el otro extremo, La Pampa muestra el nivel más bajo de morosidad provincial con apenas el 9,6%, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 12,4% y Entre Ríos con 14,0%. La disparidad regional es significativa: entre la provincia con menor morosidad (La Pampa, 9,6%) y la más afectada (La Rioja, 25,3%) existe una brecha de 15,7 puntos porcentuales.
Tucumán presenta la relación crédito-PBG más elevada con 13,5%, indicando que la provincia tiene una profundidad crediticia superior a otras regiones, pero eso no la protege necesariamente de la morosidad. La penetración del crédito varía según la estructura económica local y la capacidad de generación de ingresos de cada jurisdicción.
En materia de crecimiento real del crédito, La Pampa logró registrar un crecimiento positivo de +0,5%, mientras que Chaco enfrentó una caída real de -2,1%, evidenciando también disparidades en la oferta crediticia territorial.
El informe fue elaborado por la consultora Eco Go en conjunto con la Universidad Austral, instituciones que monitorean regularmente la evolución del sistema crediticio argentino. Estos datos son insumo crítico para decisiones de política económica y prudencial del Banco Central, así como para el sector financiero y las familias endeudadas.
Con 21 incrementos mensuales consecutivos de morosidad y una acumulación interanual de 10,3 puntos porcentuales, la tendencia es inequívocamente negativa. Las provincias como San Luis enfrentan presiones locales amplificadas por ciclos económicos regionales más débiles, lo que las ubica en situación de mayor vulnerabilidad crediticia respecto del promedio nacional.
Los próximos meses serán determinantes para evaluar si la contracción crediticia logra estabilizar la morosidad o si continúa el deterioro en cascada de las carteras de los prestamistas.