El gobierno designó a Pablo Di Liscia como titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad tras la renuncia de Alejandro Vilches. En paralelo, impulsó un proyecto consensuado en Diputados para aprobar la ley de emergencia del sector.
En una movida de doble filo para contener la escalada de tensiones en el área de discapacidad, la administración Milei activó este martes dos acciones simultáneas. La primera fue formalizar el nombramiento de Pablo Di Liscia como nuevo responsable de la Secretaría Nacional de Discapacidad, cargo que quedó vacante luego de que Alejandro Vilches presentara su renuncia hace apenas horas.
Di Liscia llega al puesto con experiencia previa en la función pública. Su trayectoria incluye haber estado al frente de IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, lo que le da bagaje en la gestión de sistemas de cobertura sanitaria y administrativos complejos.
Desde la Casa Rosada adelantaron que la administración Di Liscia mantendrá como ejes centrales la optimización de las prestaciones y el despliegue de un proceso de auditoría integral. El objetivo declarado es identificar posibles irregularidades en la distribución de beneficios para redirigir los fondos estatales hacia quienes realmente estén en situación de vulnerabilidad.
Respecto al nomenclador de prestaciones, el Ministerio de Salud confirmó que continuará actualizado mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta que finalice el año calendario. La fórmula que rige a partir de 2027 quedará en manos del Congreso Nacional, dejando así la definición de ese esquema sujeta a las decisiones que adopte el Parlamento.
De manera casi simultánea a la designación del nuevo funcionario, la bancada gobernante en la Cámara de Diputados desarrolló negociaciones de última hora para evitar una derrota parlamentaria sobre la ley de emergencia en discapacidad.
Tras reuniones entre referentes de La Libertad Avanza y legisladores de bloques aliados, incluyendo a la diputada mendocina Pamela Verasay, el oficialismo cedió en varios de los puntos más polémicos del proyecto original. Esta estrategia permitió la elaboración de una propuesta unificada que ambos lados describen como "superadora".
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, avaló los acuerdos logrados. Estos comenzarán a materializarse formalmente en el plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda.
La intención explícita del gobierno con estas dos iniciativas es neutralizar el enfrentamiento con sectores opositores dispuestos al diálogo y garantizar que cuente con los votos suficientes para que la normativa de emergencia sea sancionada por el Parlamento.
Este movimiento responde a una realidad política: tras la renuncia de Vilches, las críticas hacia el área de discapacidad se intensificaron, con denuncias sobre presuntos recortes de fondos y faltas de cobertura a beneficiarios. La designación de un nuevo titular con perfil técnico-administrativo busca proyectar una imagen de profesionalismo y contención de la crisis.
En un contexto que complica aún más el panorama del sector, la Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, ratificó la decisión inicial del juez Sebastián Casanello de febrero de este año.
Spagnuolo está acusado junto a otras 18 personas de haber participado en una presunta asociación ilícita vinculada a coimas en la compra de medicamentos. La causa actualmente está bajo supervisión del juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N°11.
La Cámara Federal también rechazó un planteo defensivo que cuestionaba la validez de los audios que originaron la investigación, cerrando así una puerta legal que buscaba anular el expediente.
Estos movimientos ocurren en un momento crítico para miles de personas con discapacidad en el país. La ley de emergencia que intenta aprobarse es central para definir cómo se asignarán recursos, cómo se actualizarán prestaciones y cuál será el rol del Estado en garantizar coberturas.
El cambio de comando en la secretaría, combinado con las negociaciones legislativas, sugiere que el gobierno reconoce la fragilidad política de esta cartera. La apuesta es que un nuevo funcionario con credibilidad administrativa, junto a consensos parlamentarios, logren restablecer la gobernabilidad en un área que ha estado bajo fuego durante meses.
