El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad el 19 de noviembre. El texto pasa ahora al Poder Ejecutivo, que deberá promulgarla o vetarla.

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad en la sesión del jueves 19 de noviembre, con 71 votos afirmativos, ninguno en contra y ninguna abstención. La norma, que ya había sido aprobada por Diputados, pasa ahora al Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, que deberá promulgarla o vetarla. El texto reemplaza el régimen de emergencia por un marco permanente de prestaciones y financiamiento, y su resolución define el futuro de cientos de miles de personas con discapacidad en todo el país.
La iniciativa deja atrás el régimen de emergencia transitorio y lo sustituye por un esquema permanente de prestaciones y financiamiento. Según el texto aprobado, el sistema se organiza alrededor de reglas que no dependen de decisiones coyunturales, sino de una estructura estable que deberá sostenerse en el tiempo.
Entre los puntos centrales, la ley mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad en el 70% del haber jubilatorio mínimo, con actualización por movilidad previsional. Además, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) sigue siendo requisito para acceder a la prestación.
Otro cambio relevante es la posibilidad de compatibilizar la pensión con trabajo. Quienes perciban la prestación podrán tener empleo registrado, estar adheridos al monotributo o realizar otras actividades, siempre que sus ingresos laborales se mantengan por debajo de dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Uno de los puntos más sensibles es el pago de las deudas acumuladas. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley. Además, las compensaciones reconocidas deberán abonarse en un plazo máximo de 90 días corridos para quienes ya completaron los trámites correspondientes.
La senadora Juliana Di Tullio sostuvo que las deudas con prestadores rondan los $80.000 millones. Es una cifra que pone presión sobre el cronograma que deberá definir el Gobierno y sobre la capacidad real de pago del sistema.
El texto también mantiene el nomenclador único de prestaciones y el arancel unificado, que serán actualizados de forma periódica y vinculados a la movilidad jubilatoria. La idea es evitar que los valores queden congelados frente a la inflación.
La ley incorpora auditorías periódicas con intercambio de información entre la ANSES, la ARCA, el RENAPER y otros organismos. El objetivo declarado es ordenar el padrón y verificar las condiciones de acceso a la prestación mediante cruces de datos entre organismos del Estado.
En el plano de la atención, la senadora Alicia Kirchner señaló que la ANSES cuenta con 427 centros de atención en el país, de los cuales 42,9% se encuentran en la provincia de Buenos Aires. El dato resulta clave para entender la capilaridad necesaria para tramitar y acompañar los beneficios en todo el territorio.
Este proyecto tiene un antecedente directo: la Ley de Emergencia en Discapacidad de 2025, que fue vetada por Milei y luego ratificada por el Congreso. Ahora, el Congreso vuelve a legislar sobre la materia con un marco permanente, y el apoyo que recibió la nueva norma incluye al propio bloque oficialista en ambas cámaras.
La ley pasa al Poder Ejecutivo, que tiene dos caminos: promulgarla o vetarla. Si la promulga, deberá reglamentarla dentro de 30 días hábiles, plazo previsto en el propio texto. Ese reglamento será el que defina en detalle cómo se aplicarán el cronograma de pagos, las auditorías y las condiciones de compatibilidad laboral.
Mientras tanto, el régimen de emergencia vigente conserva su validez hasta el 31 de diciembre de 2026. Con la sanción de la nueva ley, el sistema pasaría a regirse por un marco permanente, pero los tiempos de implementación dependerán de la reglamentación y de la decisión que tome el Gobierno.
Todavía no hay una definición oficial del Poder Ejecutivo sobre si promulgará o vetará la norma. Tampoco se conocen aún los detalles del reglamento ni el primer cronograma de pagos de deudas, que deberá publicarse en el plazo de 30 días corridos. Desde Última Hora seguiremos la reglamentación y cualquier anuncio oficial sobre la ley.

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