Estados Unidos reclamó formalmente al Gobierno argentino la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) que permanece estancado en el Congreso desde su firma hace meses.
Estados Unidos activó una gestión diplomática directa para presionar al Gobierno de Milei por la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) en el Congreso Nacional. El documento, firmado el 5 de febrero de 2026 en Washington, permanece sin tramitar en ambas cámaras legislativas, generando inquietud en la administración estadounidense que busca desbloquear beneficios comerciales bilaterales.
La gestión quedó plasmada en una reunión entre Jeff Goettman, representante comercial adjunto de Estados Unidos, y funcionarios clave del Gobierno argentino: el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Durante el encuentro, el diplomático estadounidense destacó "la notable transformación económica y fiscal" de Argentina y reiteró el compromiso de Washington con el tratado bilateral.
El acuerdo establece una serie de obligaciones para Argentina que abarcan desde la reducción arancelaria hasta la apertura de mercados que permanecieron cerrados durante décadas. Buenos Aires se comprometió a reducir aranceles a bienes estadounidenses mediante una eliminación recíproca de gravámenes sobre recursos naturales no disponibles en territorio argentino.
Entre las medidas más sensibles figure la gradual eliminación del impuesto estadístico a productos estadounidenses, un movimiento que genera tensión con sectores de la industria local. Asimismo, Argentina desmanteló las licencias de importación y aceptó no exigir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses, medidas que ya están en vigor sin depender de la ratificación formal.
La apertura del mercado ganadero es quizás la más polémica: Argentina autorizará el ingreso de ganado bovino vivo estadounidense, una decisión que afecta directamente a productores locales. En materia avícola, el acuerdo contempla el acceso al mercado de aves de corral estadounidenses en un plazo de un año, lo que también genera resistencia en el sector.
El ARTI exige que Argentina se alinee progresivamente con normas internacionales en diversos sectores productivos y de servicios. Un aspecto crítico es que Buenos Aires aceptará productos estadounidenses que cumplan con normas estadounidenses o internacionales, sin exigir certificaciones adicionales locales.
En el campo farmacéutico y médico, Argentina reconocerá certificados de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) para dispositivos y productos, eliminando barreras regulatorias que protegían a laboratorios nacionales. Además, se compromete a reforzar la aplicación de ley contra falsificación y piratería, medida que beneficia intelectualmente a empresas estadounidenses.
El acuerdo no fue enviado formalmente al Palacio Legislativo para su consideración, lo que indica una estrategia de espera del Ejecutivo. Esta demora genera frustración en Washington, que considera que Argentina debe "implementar plenamente el convenio y desbloquear beneficios económicos para ambos países", según Goettman.
La ausencia de envío al Congreso sugiere que el Gobierno argentino enfrenta posibles resistencias políticas en la coalición gobernante o expectativas de fortalecer su posición legislativa antes de presentar un tratado comercial que genera divisiones internas. Sectores agroindustriales, ganaderos y manufactureros han expresado preocupaciones sobre los compromisos asumidos, particularmente la apertura a importaciones estadounidenses.
La Embajada de Estados Unidos en Argentina emitió un comunicado donde afirmó que "Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses". El tono diplomático no oculta la presión por acelerar los tiempos legislativos.
La ratificación del ARTI se perfila como un test de la capacidad del Gobierno para convertir compromisos ejecutivos en leyes, en un contexto donde la estabilidad macroeconómica depende de señales claras a inversores internacionales. Sin embargo, la falta de envío formal al Congreso mantiene el acuerdo en un limbo político que dificulta el cumplimiento de plazos establecidos con Washington.