La organización de periodismo de datos y verificación acudió al máximo tribunal para intentar obligar a YPF, presidida por Horacio Marín, a informar cómo y dónde distribuye su pauta publicitaria. El caso abre un nuevo debate sobre la transparencia en el manejo de fondos millonarios dentro de la petrolera de mayoría estatal.
YPF, bajo la presidencia de Horacio Marín, volvió a quedar en el centro de una disputa judicial por el acceso a la información pública. Chequeado, con el patrocinio de la Fundación Poder Ciudadano, decidió llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar que la petrolera informe cómo, dónde y en qué medios distribuye su pauta publicitaria.
La investigación publicada por Chequeado surge luego de que YPF se negara a entregar el detalle de sus gastos publicitarios y de que la organización recibiera dos fallos judiciales adversos. El objetivo ahora es que el máximo tribunal defina si la empresa presidida por Horacio Marín, y con participación estatal mayoritaria, puede mantener bajo reserva el destino de fondos destinados a publicidad.
La información solicitada incluye el detalle de los medios de comunicación, plataformas digitales, redes sociales y agencias que reciben pauta de YPF.
En septiembre de 2024, el Centro de Datos de Chequeado pidió a YPF información sobre los destinatarios de su pauta publicitaria. La empresa rechazó el pedido argumentando que, por su condición de sociedad anónima, no estaría alcanzada por la Ley de Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, la Agencia de Acceso a la Información Pública resolvió a favor del reclamo y ordenó que YPF entregara los datos.
Ante la falta de cumplimiento, Chequeado inició una acción judicial en 2025. El planteo fue rechazado en primera instancia y luego confirmado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Tras esas decisiones, el caso escaló hasta la Corte Suprema.
La controversia alcanza ahora a una compañía cuya conducción está encabezada por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y vuelve a colocar bajo la lupa los mecanismos de transparencia de una de las empresas más importantes del país.
La presentación de Chequeado sostiene que YPF tiene una condición particular: es una sociedad anónima, pero cuenta con participación estatal mayoritaria.
Por eso, la organización argumenta que existe un interés público directo en conocer cómo se distribuyen los recursos destinados a publicidad.
La apelación también cuestiona que ni YPF ni los tribunales hayan identificado un perjuicio concreto que pudiera producirse por revelar los destinatarios de la pauta. El planteo solicita aplicar un denominado “test de daño”, destinado a determinar si existe una razón real y específica para mantener la información reservada.
En este contexto, la administración encabezada por Horacio Marín queda frente a un debate que excede la estrategia comercial de la compañía: la posibilidad de transparentar quiénes reciben los recursos destinados a comunicación y publicidad.
La magnitud de los fondos involucrados vuelve todavía más relevante la discusión.
Según los datos citados por Chequeado, durante 2025 YPF destinó casi $129 mil millones a publicidad. En el primer trimestre de 2026, la compañía invirtió otros $33.230 millones.
Sin embargo, el debate judicial no gira únicamente en torno al monto total gastado, sino a una pregunta central:
¿Quiénes reciben ese dinero y bajo qué criterios se distribuye?
Ese es el punto que la gestión de Horacio Marín y la estructura de YPF deberán enfrentar en la discusión judicial si la Corte Suprema decide intervenir en el planteo.
La información detallada sobre la distribución de la pauta entre medios, plataformas y agencias continúa siendo el centro del conflicto.
El reclamo de Chequeado no implica una acusación personal contra Horacio Marín. La acción judicial apunta a obtener información de YPF sobre el destino de su pauta publicitaria.
Sin embargo, Marín es actualmente la máxima autoridad ejecutiva de la compañía y el caso vuelve inevitable la pregunta sobre qué nivel de transparencia debe ofrecer la petrolera bajo su conducción.
La cuestión central es si una empresa con mayoría estatal puede manejar una partida publicitaria multimillonaria sin informar públicamente el detalle de sus destinatarios.
Para Chequeado, la respuesta debería estar vinculada al derecho de acceso a la información pública.
Chequeado cita como antecedente el denominado “Caso Giustiniani”, en el que la Corte Suprema resolvió que YPF debía entregar información vinculada a un contrato firmado con Chevron para inversiones en Vaca Muerta.
La organización sostiene que aquel precedente respalda su posición respecto de que la petrolera tiene obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.
Ese antecedente podría resultar determinante para la nueva causa que ahora involucra a la empresa presidida por Horacio Marín y su negativa a informar detalladamente el destino de su pauta publicitaria.
El caso de YPF no es aislado. Chequeado también menciona conflictos similares con otras compañías estatales.
El Banco Nación fue cuestionado por no entregar el detalle completo de su distribución publicitaria, mientras que Aerolíneas Argentinas terminó difundiendo información sobre sus gastos en pauta luego de una decisión judicial adversa.
Ahora será la Corte Suprema la que podría tener la última palabra en un caso que puede afectar directamente los estándares de transparencia de empresas estatales y de compañías con participación pública.
Para la gestión de Horacio Marín, el expediente representa además un desafío institucional: explicar por qué una empresa de la magnitud de YPF debería o no revelar públicamente el destino de una pauta que, según los datos publicados, mueve decenas de miles de millones de pesos.
La discusión finalmente puede resumirse en una pregunta:
¿Tiene derecho la ciudadanía a saber qué medios, plataformas y empresas reciben los millonarios recursos publicitarios de YPF?
La respuesta podría definir un precedente de enorme impacto.
Mientras Chequeado busca que la Corte Suprema obligue a la petrolera a entregar la información, YPF —bajo la presidencia de Horacio Marín— deberá defender su postura ante una discusión que vuelve a poner bajo la lupa el manejo y la transparencia de recursos millonarios.