El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz autorizó aplicar descuentos sobre coparticipación de municipios por deudas con la Caja de Previsión Social. La diputada nacional Ana María Ianni rechaza la medida como represalia ante fracaso legislativo provincial.

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz falló a favor de aplicar descuentos sobre la coparticipación de municipios por deudas pendientes con la Caja de Previsión Social, una decisión que reabre la tensión entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales en medio de una crisis de servicios básicos que azota a la provincia.
La medida, que viabiliza el descuento directo de fondos coparticipables, llega apenas días después de que fracasara el intento del gobernador por aprobar un proyecto de endeudamiento en dólares en la legislatura provincial. Para la oposición, el fallo no es casual: representa una represalia indirecta que vulnera la autonomía municipal.
La diputada nacional de Unión por la Patria Ana María Ianni salió al cruce del fallo judicial con críticas directas. "Atacar la autonomía municipal no es el camino", afirmó, cuestionando la decisión como una consecuencia política tras el rechazo legislativo al proyecto de endeudamiento provincial.
Ianni vinculó explícitamente la resolución del TSJ con los intentos fallidos del ejecutivo provincial de obtener nuevas herramientas de financiamiento. Según su análisis, la provincia estaría buscando trasladar la presión fiscal hacia los municipios en lugar de resolver los problemas de fondo que aquejan a Santa Cruz.
La decisión judicial se produce en un contexto de crisis infraestructural aguda en la provincia. Localidades santacruceñas registraron cortes de energía con duraciones cercanas a las 20 horas, dejando sin servicio a ciudadanos y negocios en medio del invierno austral.
El déficit energético de Santa Cruz tiene raíces profundas: en 2018, el Gobierno nacional retiró módulos de reserva fría de la provincia, debilitando la capacidad de generación local. Desde entonces, la provincia ha acumulado un débito creciente con el suministro de energía, sin que se haya solucionado estructuralmente.
Ianni cuestionó la estrategia fiscal provincial con dureza, sosteniendo que la prioridad debe ser reclamar fondos al Gobierno nacional que corresponden por derecho a Santa Cruz, no transferir la deuda hacia los municipios. "Lejos de ir por las arcas municipales y afectar a los trabajadores, el gobernador tiene que hacer más ruido acá en Buenos Aires", indicó.
Según la diputada, el proyecto de endeudamiento en dólares impulsado por el Gobierno provincial expondrá a todos los santacruceños a una deuda que no corresponde. "Todos los santacruceños vamos a quedar endeudados por obras que ni siquiera vamos a ver", advirtió, reflejando la desconfianza sobre el destino final de los fondos.
La decisión del TSJ revela grietas profundas tras una mesa de diálogo realizada la semana anterior entre funcionarios provinciales e intendentes. Aunque se conoce la existencia de ese encuentro, las fricciones sobre financiamiento municipal y previsión social evidentemente no se resolvieron en esa instancia.
Ianni confirmó su participación en una reunión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados programada para la próxima semana, en la cual está previsto abordar los déficits energéticos de Santa Cruz. La movida legislativa sugiere que la oposición intentará instalar la problemática de la provincia en la agenda nacional.

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