Más de 620 representantes del sector sindical, empresario y académico se reunieron en Cañuelas para debatir la recuperación industrial. Con casi 30 mil pymes cerradas y 400 mil empleos perdidos, los sindicatos advierten que sin cambios el país colapsa.

La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) reunió más de 620 representantes del sector sindical, empresario, educativo y científico en Cañuelas para debatir la emergencia de la industria nacional. El encuentro, organizado conjuntamente con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se realizó en la previa del Día de la Industria, fijado para el 2 de septiembre, y funcionó como una convocatoria urgente para elaborar estrategias de recuperación ante un colapso sin precedentes en el sector productivo.
Los datos que sustentan la alarma son contundentes. Según los participantes del encuentro, se dieron de baja aproximadamente 30.000 pequeñas y medianas empresas durante los últimos meses, en una cifra que refleja la velocidad del deterioro. La pérdida de empleos asociada a estos cierres fue igualmente severa: más de 400.000 puestos de trabajo desaparecieron del tejido pyme, erosionando los cimientos del empleo formal en el país.
Estos números funcionan como una advertencia sobre el efecto cascada de una crisis industrial descontrolada. No se trata únicamente de cerramientos empresarios sino de destrucción de cadenas de valor, pérdida de know-how productivo y expulsión masiva de trabajadores hacia sectores informales o el desempleo estructural.
El encuentro de Cañuelas estructuró el diagnóstico alrededor de cinco ejes estratégicos: la relación con la educación técnico-profesional, la calidad de vida laboral, el impacto de la inteligencia artificial en la producción, sostenibilidad medioambiental, y productividad con comunicación efectiva. La selección de estos tópicos no es casual: refleja que la crisis industrial actual no es coyuntural sino que toca los fundamentos estructurales de competitividad y organización del trabajo en el país.
Las propuestas que emergieron del encuentro se orientaron en cuatro direcciones: recuperar el mercado interno mediante políticas de demanda agregada, fomentar activamente la formación técnica para renovar el capital humano del sector, aumentar salarios para sostener poder adquisitivo y reactivar líneas de financiamiento que permitan a las empresas invertir en modernización. Detrás de cada propuesta subyace la convicción de que sin intervención estratégica el tejido industrial seguirá desangrándose.
Ricardo Pignanelli, secretario general de CSIRA y SMATA, fue el principal portavoz de la alarma. Su diagnóstico no deja lugar para medias tintas: "No podemos resignarnos a que un país que tiene todo no tenga industria, porque van a quedar 20 millones de argentinos en la miseria y el pluriempleo", advirtió durante el encuentro.
La cifra que menciona Pignanelli —20 millones de argentinos— equivale a aproximadamente la mitad de la población del país. No es una exageración retórica sino una proyección sobre qué ocurriría si continúa la desindustrialización sin freno: una Argentina donde la mayoría de la población carecería de empleos formales, estables y dignos, viéndose obligada a sobrevivir con múltiples trabajos precarios o en condiciones de pobreza estructural.
Pignanelli también señaló que "Un país sin industria no tiene futuro", una frase que resume la filosofía que moviliza a la confederación sindical. Para el dirigente, la industria no es solo un sector económico más sino el corazón del modelo de desarrollo nacional y la fuente de empleo que sostiene a la clase trabajadora.
La prognosis es aún más cruda si el país no altera su trayectoria. Según lo expresado en el encuentro, "Si no cambiamos el rumbo, va a ser un país para 15 millones de argentinos". Esta frase anticipa un escenario de fragmentación social radical: un país donde una minoría concentrada geográficamente (probablemente en la región metropolitana y algunos polos urbanos) tendría acceso a bienes y servicios, mientras que vastas porciones del territorio nacional sufriría exclusión económica, migración interna masiva y colapso de comunidades locales.
El documento del encuentro también registró que "Nuestro país tiene futuro si somos capaces de avanzar en la recuperación de la industria", una afirmación que invierte la lógica derrotista: plantea que la recuperación industrial no es un objetivo sectorial sino una condición de supervivencia nacional.
Entre los temas debatidos figura específicamente el impacto de la inteligencia artificial en la producción y el empleo. Los participantes reconocen que la IA representa tanto un riesgo (automatización acelerada que podría eliminar empleos) como una oportunidad (si Argentina logra capturar cadenas de valor de tech manufacturing y servicios vinculados a IA). Sin embargo, esta oportunidad solo se materializaría si existe una base industrial robusta y capacidad de inversión, condiciones que hoy están erosionadas.
El encuentro de Cañuelas sirvió para que los sindicatos elaboren una hoja de ruta formalizada para los próximos meses. Esta hoja de ruta será presentada en diferentes espacios de diálogo con el gobierno y otros actores económicos, con el objetivo de traducir el diagnóstico compartido en políticas concretas. El Día de la Industria, el 2 de septiembre, funcionará como un punto de inflexión comunicacional para amplificar estas demandas ante la opinión pública y los decisores.
La reunión de Cañuelas marca un momento de convergencia entre actores que no siempre coinciden: sindicatos, empresarios y académicos reconocen que el modelo actual no es sostenible y que sin cambios estructurales profundos, Argentina enfrenta un escenario de desindustrialización irreversible con consecuencias sociales catastróficas. La hoja de ruta elaborada será la prueba de fuego para verificar si esa convergencia se traduce en presión política efectiva o si permanece como un diagnóstico compartido sin capacidad de transformación.