Intendentes de municipios de todo el país expresan su rechazo a la derogación del Régimen de Zona Fría, una medida que afecta beneficios fiscales territoriales claves.
Intendentes de municipios de todo el país han expresado su rechazo tajante a la derogación del Régimen de Zona Fría, un mecanismo de beneficios fiscales que ha sido central para el desarrollo de regiones con menor densidad poblacional y desafíos económicos específicos. La movilización de gobiernos locales representa una posición unificada contra una medida que, de concretarse, impactaría directamente en la competitividad territorial y en la inversión privada en zonas estratégicas del país.
El Régimen de Zona Fría constituye un conjunto de incentivos fiscales diseñados originalmente para atraer inversiones y desarrollar economías en regiones con características geográficas y climáticas adversas, así como en áreas con menor concentración de actividad económica y población. Este esquema incluye beneficios tributarios que reducen la carga impositiva para empresas e inversores que instalan operaciones en estos territorios, generando empleo local y dinamizando sectores productivos que de otro modo enfrentarían desventajas competitivas frente a zonas de mayor densidad urbana.
La iniciativa de derogar estos beneficios ha encendido las alarmas en gobiernos locales, que ven en ella una amenaza directa a sus estrategias de desarrollo territorial y a la continuidad de proyectos de inversión ya en marcha o en negociación avanzada con privados que confiaban en mantener la vigencia de estos incentivos.
La respuesta de los intendentes no ha sido aislada ni fragmentada, sino que refleja una convergencia de gobiernos locales de diferentes jurisdicciones que reconocen el valor estratégico del régimen para sus comunidades. Esta articulación de autoridades municipales es inusual en temas de política fiscal nacional, lo que subraya la gravedad que los gobiernos locales asignan a la medida propuesta.
La posición del municipalismo nacional contra la derogación responde a cálculos económicos concretos: la eliminación de estos beneficios significaría para muchas ciudades la pérdida de proyectos de radicación industrial, agroindustrial, de servicios y turísticos que dependen de estos incentivos para resultar viables financieramente. Municipios que han invertido en infraestructura, capacitación laboral y marcos regulatorios favorables para atraer inversiones bajo este régimen verían comprometidos esos esfuerzos.
El conflicto sobre la derogación del Régimen de Zona Fría se inscribe en una relación más amplia de tensiones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales respecto a cuestiones tributarias, distributivas y de autonomía territorial. Los municipios han sido históricamente actores secundarios en la toma de decisiones sobre política fiscal nacional, aunque resultan ser los primeros en absorber el impacto de decisiones centralizadas que afectan la inversión privada y el empleo en sus territorios.
Aunque los intendentes han expresado su rechazo, no está claro si esa oposición será suficiente para frenar o modificar la derogación propuesta, ni cuál es el calendario legislativo para que la medida avance. La carga política que representa enfrentarse a una movilización nacional de gobiernos locales puede incidir en las negociaciones internas dentro del Congreso Nacional o entre el Ejecutivo y los espacios de poder municipal.
Lo que sí está confirmado es que el tema ha escalado de un debate técnico de política fiscal a un conflicto político de alcance nacional, en el que gobiernos locales de distintas provincias y orientaciones políticas han encontrado un punto común de defensa de sus intereses territoriales.
