El Presupuesto 2027 proyecta $12,06 billones en derechos de exportación del sector agropecuario, pero provincias productoras reclaman mayor inversión en infraestructura vial que allevie costos logísticos.
El Presupuesto 2027 proyecta una recaudación de $12,06 billones por derechos de exportación, reflejando el peso fundamental que mantiene el sector agropecuario en las finanzas nacionales. Según análisis privados compilados por AgroLatam, las retenciones para 2027 representarán un incremento nominal del 41,3% respecto a 2026, cuando se recaudaron $8,53 billones. Sin embargo, descontando la inflación esperada, la mejora real es significativamente menor: 16,8%. Este crecimiento nominal sostenido refleja que los derechos de exportación, pese a las fluctuaciones de precios internacionales, seguirán siendo "una fuente relevante de recursos para el Tesoro durante 2027", según señala el análisis de AgroLatam.
Si bien el Presupuesto 2027 proyecta que las transferencias automáticas aumentarán alrededor del 7,5% real, las provincias agrarias advierten sobre un desequilibrio crítico: las transferencias de capital mostrarían una caída cercana al 20% real. Esto impacta directamente en los compromisos plurianuales de obras viales que las provincias tienen pendientes. Santa Fe, epicentro de la producción agroindustrial nacional, posee compromisos identificados que superan los $88.000 millones en obras viales. Córdoba, por su parte, tiene alrededor de $16.700 millones vinculados con Vialidad Nacional, fondos parcialmente ejecutados en proyectos como la circunvalación de Villa María-Villa Nueva.
Córdoba inauguró recientemente un tramo de 7,1 kilómetros de la circunvalación de Villa María-Villa Nueva con una inversión de $15.690 millones. La obra, de alta relevancia logística, tiene capacidad para desviar un flujo superior a 3.300 camiones diarios, aliviando la congestión en rutas nacionales y reduciendo tiempos de tránsito hacia los puertos de exportación. Sin embargo, este único proyecto consume buena parte de los fondos disponibles de la provincia para infraestructura vial, dejando pendiente una agenda más amplia de mejoras.
La reclamación que gobiernos provinciales dirigieron al Ejecutivo Nacional es directa: que recursos específicos de retenciones se destinen a infraestructura nacional en zonas productivas. El gobernador de Córdoba fue explícito en este planteo, enfatizando que la falta de carreteras adecuadas afecta la competitividad agraria. Como advierten los análisis de AgroLatam, "la falta de infraestructura termina incorporándose al costo argentino", reduciendo la rentabilidad de los productores y encareciendo las exportaciones en mercados globales.
El Gran Rosario funciona como núcleo central de exportaciones agroindustriales argentinas, con flujos de commodities que deben trasladarse desde el interior del país hacia plantas de procesamiento y puertos. Buenos Aires, a su vez, concentra terminales fundamentales como Bahía Blanca y Quequén, que son críticas para la exportación de granos y productos agroindustriales. Sin embargo, la conectividad vial entre estas zonas y las regiones productoras sigue siendo deficitaria.
El proyecto de Presupuesto 2027 será discutido en el Congreso en los próximos meses, abriendo una ventana para que provincias rurales y sectores del agro presionen por reorientar fondos hacia obras viales. La tensión entre ingresos sostenidos por retenciones y la caída real en transferencias de capital para infraestructura marcará los debates legislativos. Los números son claros: mientras el Estado nacional recaudará más por derechos de exportación en términos nominales, las provincias productoras tendrán menos recursos reales para invertir en los caminos que hacen viable esa producción. El dilema político es si esa brecha se cerrará en favor de la inversión regional o si prevalecerá la lógica de ingresos centralizados con gastos descentralizados insuficientes.
