El gobierno argentino consolidó mediante el RIGI un modelo de explotación minera dominado por capitales estadounidenses, con compromisos por más de 30.000 millones de dólares en proyectos que generarán regalías provinciales del 3%. Solo una empresa nacional participa en los 9 proyectos mineros aprobados.
El Gobierno nacional consolidó un modelo de explotación minera dominado por capitales estadounidenses mediante el régimen especial RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), con más de 30.000 millones de dólares en compromisos de inversión en proyectos mineros distribuidos en provincias como Jujuy, Catamarca, Salta, San Juan y Mendoza. De los 16 proyectos totales aprobados por el RIGI, 9 corresponden a minería, pero solo uno es operado por una empresa de capitales nacionales: Exar. El esquema incluye también reformas legales, como la modificación de la Ley de Glaciares, que facilitaron el acceso a recursos hídricos considerados estratégicos a escala global, mientras que 22 proyectos mineros adicionales permanecen en revisión dentro del régimen.
El régimen especial ofrece a las grandes inversiones mineras condiciones tributarias particularmente ventajosas: las regalías provinciales apenas alcanzan el 3%, una cifra muy inferior a los estándares internacionales. Esta arquitectura fiscal, combinada con las exenciones aduaneras y la estabilidad jurídica garantizada por el Estado, genera un incentivo claro para que corporaciones multinacionales concentren sus operaciones en Argentina en lugar de otros países vecinos. A pesar de esa atracción de inversiones, la ejecución real de los proyectos aprobados por el RIGI representa menos del 10% del total comprometido, indicando que muchos siguen en fases de exploración o simplemente se encuentran en cartera sin actividad inmediata.
Entre los 9 proyectos mineros aprobados, destacan operaciones de magnitud colosal distribuidas entre litio y cobre. En litio, figura la ampliación de Cauchari Olaroz con 1.200 millones de dólares y el Proyecto Rincón con 2.300 millones de dólares. En cobre, los compromisos alcanzan dimensiones aún mayores: Los Azules comprometiéndose por 4.000 millones de dólares, El Pachón por 11.600 millones de dólares, Agua Rica por 6.699 millones de dólares y el Proyecto Vicuña (que incluye oro y plata) por 9.712 millones de dólares. Argentina es actualmente el quinto productor mundial de litio, pero posee apenas una única mina de cobre operativa en Jujuy, lo que explica la agresiva cartera de nuevos yacimientos cupríferos. Con solo esa mina actual, Argentina no puede competir con potencias como Chile, que el año anterior produjo 5 millones de toneladas de cobre con exportaciones por 50 mil millones de dólares.
La concentración de control accionario en manos estadounidenses no es casual: el acuerdo comercial Argentina-EEUU establece que "Argentina permitirá y facilitará la inversión de Estados Unidos en su territorio para explorar, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales críticos y recursos energéticos". Esta cláusula refleja un posicionamiento geopolítico donde Washington apunta a asegurar acceso a minerales considerados críticos para la transición energética y la defensa. La ex generala Laura Richardson, ex jefa del comando Sur estadounidense, había señalado que "la región posee minerales claves y el 31 % del agua dulce del mundo, y que su control era y es una cuestión de 'seguridad nacional' para Estados Unidos". Esa advertencia estratégica se materializa en el presente a través del RIGI.
La apuesta no se limita a minería. El Gobierno anunció el desarrollo de Vaca Muerta por 25 mil millones de dólares (Proyecto LLL Oil) y presentó el Proyecto Stargate Argentina, un data center en Patagonia con inversión equivalente de 25 mil millones de dólares. Estos megaproyectos acompañan la estrategia minera y profundizan la transferencia de activos estratégicos hacia inversores externos. En el sur de Mendoza, hay 70 proyectos en exploración y prospección que amplían la frontera de extracción, mientras que en Chubut se avanzan proyectos como Laguna Salada (Jaguar-Chubut) que abarca 230 mil hectáreas, y el Proyecto Huemul (Jaguar-Mendoza) que cubre 27 mil hectáreas.
La modificación de la Ley de Glaciares fue una pieza clave en esta arquitectura. Permitió acceso a recursos hídricos que antes estaban protegidos, facilitando así la minería en zonas sensibles ambientalmente. El esquema de regalías del 3% implica que las provincias exportadoras —Jujuy, Catamarca, Salta, San Juan y Mendoza— dependerán de una fracción mínima de ingresos por la extracción de recursos no renovables, mientras que las ganancias mayores revertirán a los inversores. Esta estructura fiscal consolida una dependencia económica externa donde los gobiernos locales poseen poco poder de decisión sobre la velocidad o el alcance de la explotación.
Con 22 proyectos mineros en revisión dentro del RIGI, la cartera de megaexplotaciones podría duplicarse en magnitud. La baja ejecución actual (menos del 10%) sugiere que muchos de esos compromisos se activarán en los próximos años, profundizando la transferencia de recursos. El desafío para las provincias mineras será negociar condiciones que mejoren las regalías y aseguren que la explotación genere efectivamente beneficios locales sostenibles. Hasta ahora, el régimen ha priorizado claramente la atracción de inversión mediante condiciones tributarias preferenciales y seguridad jurídica para los capitales externos.
