El gobierno de Milei muestra superávit fiscal, pero el sector inmobiliario permanece estancado. La paradoja del ajuste económico: números positivos que no se traducen en construcción ni acceso a vivienda para los argentinos.
El gobierno de Javier Milei ha logrado alcanzar un superávit fiscal en medio de su programa de ajuste económico, un logro que hace meses parecía imposible tras meses de déficit público sostenido. Sin embargo, esa mejora de las cuentas públicas no se traduce en reactivación del sector inmobiliario: la construcción sigue paralizada, los precios de las propiedades se estancan y el acceso a vivienda permanece fuera del alcance de millones de argentinos. El fenómeno revela una realidad incómoda para el Ejecutivo: los equilibrios macroeconómicos del ajuste no garantizan dinámicas de crecimiento sectorial ni mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
La respuesta no es simple. El superávit fiscal de Milei se ha conseguido fundamentalmente mediante la reducción del gasto público, la restricción crediticia y el control de la demanda agregada. Esas medidas —que funcionan en términos contables— congelan simultáneamente la inversión privada en construcción, limitan el crédito hipotecario y reducen el poder adquisitivo de potenciales compradores. En otras palabras: para lograr el superávit, el Gobierno aplicó políticas que desalentaron precisamente los sectores que necesitan demanda para reactivarse, entre ellos la construcción y el inmobiliario.
La brecha es cada vez más evidente. Mientras que los indicadores macroeconómicos mejoran en los reportes oficiales, las constructoras reportan paralización de obras, caída de ventas de terrenos y proyectos suspendidos. Los precios de las propiedades, lejos de recuperarse, se mantienen volátiles o en caída real cuando se los ajusta por inflación. Para un trabajador o una familia de clase media, la promesa implícita del ajuste —que el "orden" económico eventualmente traería prosperidad— aún no se materializa en la posibilidad concreta de acceder a una vivienda.
Cuando Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, Argentina enfrentaba inflación desbocada, dólar fuera de control y déficit fiscal crónico. El nuevo Gobierno aplicó un programa de shock: devaluación inicial, corte de subsidios, reducción de plantillas públicas y restricción monetaria. El objetivo declarado era restaurar credibilidad fiscal y sentar las bases para un crecimiento futuro. Efectivamente, luego de meses volátiles, la inflación comenzó a descender y el Banco Central logró acumular reservas. El superávit fiscal fue el paso siguiente: los gastos se comprimieron más allá de lo que muchos analistas esperaban.
Sin embargo, esa política antiinflacionaria y correctiva de las cuentas públicas funcionó mediante una contracción de la economía real. El consumo se desplomó, la inversión privada se paralizó, el desempleo creció y el poder adquisitivo de amplios sectores se erosionó. En ese contexto de baja demanda y tasas de interés elevadas, el sector inmobiliario —que requiere crédito disponible, expectativas de futuro y demanda solvente— quedó atrapado.
Los números del sector inmobiliario hablan por sí solos. Los permisos de construcción han caído, las escrituras de propiedades se redujeron significativamente, y los desarrolladores han pospuesto lanzamientos de proyectos. Las inmobiliarias reportan depresión en la demanda y, en algunos casos, dificultades para sostener operaciones. El mercado de segunda mano también está deprimido: hay oferta abundante pero pocos compradores con capacidad o voluntad de comprar, lo que genera presión a la baja en los precios nominales.
Esta parálisis tiene consecuencias sociales inmediatas. Argentina ya enfrentaba una crisis de acceso a vivienda antes de Milei, pero el congelamiento de la construcción y la contracción económica han agravado la situación. El sector que podría generar empleo masivo y dinamizar cadenas de producción —acero, cemento, mano de obra— permanece inactivo. La promesa implícita de que el ajuste sería temporal y conduciría a normalidad y crecimiento se ve cuestionada por la persistencia del estancamiento inmobiliario meses después de lograr el superávit.
Aquí emerge la contradicción central: Milei luce resultados macroeconómicos (superávit, reservas, descenso inflacionario) que teóricamente deberían dar confianza para inversión, pero simultáneamente aplicó políticas que desincentivaron la inversión privada. Las constructoras, los desarrolladores y los consumidores están en stand-by esperando señales de que la economía se recuperará y que el crédito volverá a fluir. Esas señales aún no llegan de forma contundente.
El Gobierno argumentaría que el superávit es un paso necesario para la credibilidad de largo plazo y que la inversión llegará con el tiempo. Los críticos contrargan que el costo en vidas paralizado, empleos perdidos y oportunidades de construcción frenadas es demasiado alto, y que el modelo no ha probado aún que pueda transitar desde el ajuste hacia el crecimiento con inclusión. El sector inmobiliario, dormido bajo el ajuste milleista, es el termómetro más visible de esa incertidumbre.
Mientras los números fiscales mejoran en los balances públicos, en las ciudades argentinas los terrenos desocupados, los proyectos indefinidamente postergados y las familias sin acceso a vivienda siguen siendo la realidad cotidiana. El milagro económico que Milei prometía —equilibrio fiscal traducido en prosperidad— aún no llega al sector que más visiblemente lo necesita ni a los millones que esperan una respuesta a la crisis de acceso a vivienda.
