El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado casi dos horas el miércoles en San Luis tras un control de ruta que advirtió sobre un pedido de secuestro de su vehículo vinculado a una causa federal por presunto lavado de activos.
El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado el miércoles en San Luis durante un control de ruta en uno de los accesos a la ciudad, cuando se dirigía hacia San Juan para participar en actividades políticas. Una alerta del Anillo Digital Federal identificó que la Honda CR-V modelo 2007 que conducía figuraba alcanzada por un pedido de secuestro judicial vinculado a un expediente de la Justicia Federal que involucra a Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados en una investigación por presunto lavado de activos relacionado con Hotesur. Tras someterse a un control de alcoholemia con resultado negativo y después de casi dos horas de demora, Kirchner recibió autorización para continuar su viaje.
El procedimiento se concretó en el ingreso a San Luis, próximo al límite con San Juan, cuando la patrulla policial interceptó el vehículo. El requerimiento que pesaba sobre la camioneta estaba registrado en el sistema de alertas del Anillo Digital Federal, un dispositivo de control integrado por fuerzas de seguridad que opera en rutas y accesos principales del país. La presencia de este pedido de secuestro, aparentemente vinculado a un expediente de 2019 según precisó el entorno del diputado, activó el protocolo de detención del automóvil para verificar su situación legal.
La camioneta fue retenida a disposición de las autoridades competentes. Kirchner fue sometido a las pruebas de rigor, incluyendo el test de alcoholemia, que resultó negativo. No hubo mayores inconvenientes durante el procedimiento administrativo, pero la demora generó que el legislador perdiera tiempo en su traslado hacia San Juan.
Horas después del incidente, Kirchner utilizó sus redes sociales para cuestionar lo ocurrido. "Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros", escribió el diputado, estableciendo el contexto de su viaje. Luego describió el procedimiento: "En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py".
Pero el punto más incisivo de su descargo fue la crítica más amplia al contexto político: "Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos". Con esa frase, Kirchner interpretó el procedimiento no como un mero trámite de control, sino como parte de una estrategia más vasta de presión hacia el espacio político kirchnerista.
El pedido de secuestro que pesaba sobre el vehículo está vinculado a un expediente federal que involucra a Cristina Fernández de Kirchner entre otros acusados, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos relacionado con la empresa Hotesur. Se trata de un caso de larga data en la Justicia Federal, cuyo origen se remonta a 2019, año en que aparentemente se emitió el oficio judicial que generó la alerta registrada en el sistema policial.
La investigación forma parte de las múltiples causas que ha enfrentado la expresidenta desde el cierre de su mandato en 2015, muchas de ellas cuestionadas por el kirchnerismo como herramientas de persecución política. El hecho de que el pedido de secuestro recayera sobre un automóvil y no sobre la persona del diputado sugiere que se trataba de una medida cautelar sobre un bien, posiblemente en el marco de medidas de aseguramiento del patrimonio en la causa.
Allegados a Kirchner señalaron que el requerimiento que activó la alerta podría corresponder a un oficio judicial de 2019, es decir, un documento que lleva casi cinco años circulando en los sistemas de control policial. Esto abre la posibilidad de que se trate de una medida que no fue cancelada oportunamente en el registro, o que permanece vigente sin actualización pese a los años transcurridos. La aclaración del entorno busca contextualizar que el procedimiento podría deberse más a un problema administrativo de actualización de bases de datos que a una medida reciente y específica.
Este incidente ocurre en un contexto de creciente tensión entre el kirchnerismo y el Poder Judicial. El discurso de Kirchner sobre "disciplinamiento" refleja la narrativa del espacio político que considera que las causas penales en su contra responden a persecución ideológica más que a investigaciones sustantivas. Por su parte, los fiscales y jueces intervinientes sostienen que actúan conforme a derecho y que los procesos avanzan según las pruebas y los procedimientos establecidos.
Kirchner continuó su viaje hacia San Juan tras la autorización para seguir circulando, aunque la demora en ruta se convirtió rápidamente en tema de discusión política en redes sociales y entre dirigentes del kirchnerismo, quienes interpretaron el procedimiento como un nuevo ejemplo de lo que describen como una campaña sistemática de presión contra la expresidenta y su entorno político.
