Editoriales, librerías, autores y distribuidores se unen para frenar la derogación de la ley de precio único. Temen una concentración del mercado en grandes plataformas y una ola de cierres de pequeños comercios.
El sector del libro nacional se moviliza en contra de un frente común: la derogación de la ley que establece precio único de venta para libros. Una medida que el Gobierno impulsa como parte de su agenda desreguladora, pero que ha generado una reacción unificada de librerías, editoriales, autores y distribuidores, preocupados por las consecuencias que traería para una industria que ya enfrenta desafíos estructurales.
La propuesta no es nueva en el debate público nacional, pero ahora cobra urgencia política. El Ejecutivo busca remover la norma que fija un precio máximo para la comercialización de libros a nivel minorista, abriendo la puerta a una liberalización que, según el sector, profundizaría las desigualdades del mercado editorial y destruiría una cadena de distribución que ya está bajo presión.
La preocupación central del sector es clara: la desregulación de precios favorecería únicamente a las grandes cadenas comerciales y las plataformas de comercio electrónico, que cuentan con poder de compra masivo y márgenes operativos que las pequeñas librerías nunca podrán igualar. En un mercado sin piso de precio, estas últimas quedarían expuestas a una competencia desleal que las llevaría rápidamente a la quiebra.
Editoriales independientes y distribuidoras regionales —especialmente relevantes en provincias como Chaco— también ven la medida como una amenaza existencial. Sin la regulación de precios, los gigantes del retail podrían negociar descuentos tan profundos que harían inviable el negocio para actores medianos. El impacto en cadenas de pequeño y mediano tamaño sería prácticamente inmediato.
El sector prevé un aceleramiento en los cierres de pequeños comercios de libros si la ley es derogada. Este escenario no es hipotético: ya existe un largo historial de concentración en el comercio minorista argentino cuando se flexibilizan marcos regulatorios. Las librerías de barrio, los comercios especializados y las pequeñas editoriales son los primeros en caer cuando grandes plataformas pueden ofrecer precios predatorios.
En el contexto provincial, Chaco —como muchas zonas del interior del país— depende de una red de pequeños distribuidores y librerías para acceso físico a libros. Una derogación de la ley de precio único podría dejar vastas regiones sin acceso presencial a la oferta editorial, forzando a la población a depender completamente de plataformas de comercio electrónico.
Los actores de la cadena del libro coinciden en un diagnóstico severo: la medida sería de impacto casi terminal para el modelo descentralizado actual. No se trata solo de competencia comercial, sino de fragmentación de un ecosistema que sostiene a autores, editores, distribuidores y librerías en un delicado equilibrio. Cada eslabón de esa cadena depende de márgenes que una desregulación sin regulación compensatoria destruiría.
La ley de precio único de libros no es un invento argentino: existe en España, en Francia y en otros países europeos precisamente porque se reconoce que la oferta cultural no puede estar completamente sometida a las fuerzas del mercado sin regulación. Su abolición requeriría de una discusión profunda sobre política cultural nacional, algo que hasta ahora no ha ocurrido en los términos públicos que la decisión merece.
La movilización coordinada del sector sugiere que no habrá aceptación pasiva de una derogación unilateral. Editoriales, librerías, autores y distribuidores estudian estrategias de respuesta, desde presentaciones formales ante legisladores hasta movilizaciones públicas. El debate está apenas en su fase inicial, pero los términos quedan claros: para la industria del libro, esta es una batalla por su supervivencia.
El Gobierno deberá decidir si avanza con la derogación desoyendo al sector completo o si abre un espacio de diálogo para diseñar una reforma que considere los equilibrios actuales. Mientras tanto, librerías de todo el país —incluidas las de Chaco y el interior— aguardan con incertidumbre qué depara una desregulación que, si avanza, redefinirá radicalmente las condiciones del mercado editorial nacional.