El Gobierno de Javier Milei aceleró la discusión sobre la Ley de Semillas tras el fracaso de negociaciones entre productores y semilleros sobre quién paga regalías. Prepara su propia propuesta legislativa.
El Gobierno de Javier Milei decidió acelerar los tiempos en la discusión de una nueva Ley de Semillas tras la imposibilidad de arribar a un acuerdo entre productores agrícolas y empresas semilleras sobre quién debe pagar regalías por el uso de tecnología. La Secretaría de Agricultura e INASE realizaron una reunión el último lunes con los sectores involucrados, pero los intentos de consenso se agotaron sin lograr resultados. Ahora, el Ejecutivo prepara su propia propuesta legislativa que puede avanzar directamente al Congreso sin más diálogo previo, en el marco del compromiso que Argentina asumió ante Estados Unidos de avanzar hacia la adhesión al Acta UPOV 91, un esquema de protección más amplio para obtentores de variedades vegetales.
La brecha entre las posiciones de ambos sectores es sustancial y toca cuestiones fundamentales sobre el alcance del uso propio de semillas. Las entidades rurales plantean un esquema que alcance el 83% de la superficie de soja y segmentos 1, 2 y 3 del Sistema Integrado de Información Sanitaria Agrícola (SISA), mientras que los semilleros proponen alcanzar el 95% de la superficie y extender la cobertura hasta segmento 6 del SISA. Esa diferencia de cobertura representa una brecha de aproximadamente 12% en superficie.
El desacuerdo es igualmente profundo en lo que respecta a la cantidad de productores afectados. Las entidades rurales plantean una cobertura cercana al 30% de los productores, mientras que la industria semillera busca alcanzar aproximadamente el 60%. Esta divergencia refleja una visión diametralmente opuesta sobre cuánto impacto debería tener el nuevo régimen de regalías en el sector productivo.
El argumento de los productores es directo: "si la semilla fue comprada y la tecnología ya fue pagada, por qué habría que volver a pagar regalías cuando se utiliza parte de esa cosecha como semilla". Detrás de esta lógica está la pretensión de que, una vez que un productor adquiere semilla con tecnología incorporada, tiene derecho a reutilizarla en ciclos posteriores sin abonos adicionales. Los semilleros, en cambio, argumentan que la protección intelectual requiere compensación cada vez que la tecnología se aplica, incluso si proviene de semilla propia del productor.
La reunión del último lunes contó con la presencia de actores clave del sector. La Sociedad Rural Argentina participó a través de Tomás Palazón, mientras que CONINAGRO estuvo representada por Lucas Magnano. Sin embargo, la Federación Agraria no participó porque realizaba su Congreso anual. También hubo críticas internas en el sector: Carlos Garetto cuestionó el enfoque de la discusión, sugiriendo que las posiciones no se acercaban lo suficiente.
Argentina actualmente se adhiere a UPOV 78, regulada por la Ley de Semillas de 1973. Sin embargo, el país asumió un compromiso ante Estados Unidos de avanzar hacia la adhesión a UPOV 91, que establece un esquema de protección considerablemente más amplio para los obtentores de variedades vegetales. Este movimiento internacional es fundamental para entender la prisa del Gobierno: una nueva ley que alinee el país con UPOV 91 facilitará negocios de biotecnología con Estados Unidos y acceso a nuevas variedades de cultivos desarrolladas bajo ese estándar de protección.
Más allá de los porcentajes de superficie y cantidad de productores, existe un obstáculo adicional que las negociaciones no lograron salvar: la duración del pago de regalías por determinada tecnología. No hay consenso sobre cuántos ciclos productivos posteriores deberían estar sujetos a regalías, lo que genera incertidumbre para ambas partes y probablemente justifique que el Gobierno se incline por redactar su propia propuesta.
Con el diálogo agotado, el Ejecutivo se propone elaborar una legislación que equilibre las presiones internacionales con las realidades del sector agropecuario local. El texto puede avanzar directamente al Congreso sin más diálogo previo, lo que acelera el cronograma pero también cierra la puerta a nuevas negociaciones. La velocidad que imprime Milei en este tema refleja el peso que Estados Unidos y las obligaciones comerciales tienen en su agenda legislativa, incluso en un sector tan sensible como el agropecuario nacional.
