La Audiencia Nacional de Madrid admitió querella contra Julio Iglesias por denuncias de dos exempleadas de agresión sexual, lesiones y trato degradante en propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana.

El juez de la Audiencia Nacional de Madrid, Antonio Piña, admitió una querella y abrió formalmente una investigación contra el cantante Julio Iglesias, de 83 años, acusado por dos exempleadas de agresión sexual, lesiones y trato degradante. Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista ubicadas en Bahamas y República Dominicana. Iglesias fue citado a declarar ante la Justicia el 3 de febrero. El cantante, uno de los más vendidos en la historia con más de 300 millones de discos, rechazó públicamente los cargos, calificándolos de "absolutamente falsas". La decisión judicial marca un hito en un caso que ganó visibilidad tras una carta abierta presentada por las denunciantes en septiembre pidiendo intervención de las autoridades españolas.
Las dos denunciantes sostienen haber sufrido un patrón sistemático de abuso laboral y sexual durante su trabajo en las residencias privadas de Iglesias. Según los testimonios recogidos por Women's Link y Amnistía Internacional, el cantante habría impuesto un régimen de control extremo sobre sus empleadas: revisión de celulares, prohibición de salir de la casa, jornadas de trabajo de hasta 16 horas sin días de descanso y sin contrato laboral formal.
Las acusaciones incluyen agresiones sexuales específicas en ambas jurisdicciones, además de lesiones físicas y un trato que las denunciantes califican de degradante. Ambas presentaron sus relatos ante la Justicia con documentación que respaldaría sus afirmaciones, aunque los detalles específicos de las agresiones permanecen bajo confidencialidad mientras la investigación avanza.
El artista ha negado categóricamente todas las acusaciones en declaraciones públicas. Iglesias afirmó que "no ha abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer", rechazando de raíz los términos de la denuncia. Su defensa legal arguye que se trata de acusaciones infundadas que buscan dañar su reputación y patrimonio, aunque hasta el momento no ha ofrecido detalles específicos sobre los hechos puntuales que se investigan.
El comunicado de la Audiencia Nacional confirma que el juez Antonio Piña ha admitido formalmente la querella presentada, lo que permite que la investigación avance. Esta decisión judicial implica que la Justicia española considera que existen indicios suficientes de delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante para justificar una causa penal.
La citación a declarar de Iglesias el 3 de febrero es un paso procesal crucial: será la primera oportunidad para que el artista se presente ante el juez y ofrezca su versión de los hechos bajo la gravedad que implica un proceso penal. Su comparecencia será obligatoria, y cualquier incumplimiento podría derivar en medidas coercitivas adicionales.
Mientras la investigación continúa en España, la visibilidad del caso ha crecido significativamente desde que las denunciantes presentaran su carta abierta en septiembre. El apoyo de organizaciones internacionales como Women's Link y Amnistía Internacional ha legitimado las acusaciones ante la opinión pública y los medios, configurando un escenario donde la carrera artística del cantante enfrenta su mayor crisis reputacional en décadas.
El caso de Julio Iglesias se alinea con un patrón internacional documentado en la industria del entretenimiento: denuncias de abuso laboral y sexual por parte de figuras públicas contra empleadas domésticas y personal de confianza en residencias privadas. La combinación de control extremo, aislamiento geográfico en propiedades en el extranjero y ausencia de contratos formales ha emergido como un factor común en estos casos. La apertura de la investigación por la Audiencia Nacional sugiere que la Justicia española considera que los indicios presentados por las denunciantes merecen un análisis exhaustivo mediante procedimientos penales formales.

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