La jueza Natalia Pelosso debe decidir esta semana si va a juicio la causa contra integrantes de la cooperativa Viento Sur y dos ex ministros de Desarrollo Social de Neuquén.
La jueza Natalia Pelosso debe resolver esta semana si se abre juicio oral contra integrantes de la cooperativa Viento Sur y dos ex ministros de Desarrollo Social del gobierno de Omar Gutiérrez en Neuquén, en una causa que acusa desvío de fondos de capacitación por 1.208 millones de pesos. Los imputados son los ex ministros Abel Di Luca y Germán Chapino, junto a seis representantes de dos organizaciones que integran la cooperativa. La defensa rechaza categóricamente las acusaciones de fraude y solicitará absoluciones, mientras la fiscalía mantiene su postura acusatoria y reclama un tribunal colegiado para el juicio — una nueva audiencia está convocada para el miércoles para continuar los planteos.
La Fiscalía de Estado sostiene que hubo desvío de fondos específicos de capacitación hacia destinos particulares, utilizando como sustento el decreto 1.672 que habría implementado el plan investigado. Según el abogado Gustavo Kohon, representante de la acusación, "se trata de fondos específicos para capacitación que se usaron y derivaron a fines privados". El monto total investigado suma 1.208 millones de pesos. La fiscalía también se opone a cualquier salida alternativa al juicio, argumentando que los daños causados por la corrupción justifican llevar la causa hasta sus últimas consecuencias.
Los abogados defensores niegan de plano la existencia de maniobra fraudulenta. Según Fernando Diez, abogado defensor, "no existe la maniobra que se les endilga a nuestros asistidos". Un aspecto central de la estrategia defensiva es el temporal: los abogados argumentan que la cooperativa Viento Sur fue creada dos años antes del decreto 1.672 que la fiscalía utiliza como base de la acusación, lo que complejiza el argumento de desvío intencional de fondos a través de ese dispositivo legal. Además, la defensa ha solicitado que se cite como testigos a la cúpula ministerial del anterior gobierno si finalmente se abre el juicio, buscando ampliar el espectro de responsabilidades.
Uno de los pedidos más controvertidos proviene de la defensa: la suspensión del juicio a prueba por dos años. Esta figura legal permite suspender un proceso penal si se cumplen determinadas condiciones durante el período fijado. Sin embargo, la fiscalía se resiste frontalmente a esta opción, considerando que es inapropiada tratándose de un delito como la defraudación contra el Estado. La decisión de Pelosso sobre este punto será determinante para el rumbo procesal de la causa.
La estructura de Viento Sur está compuesta por dos organizaciones, de las cuales seis personas integran el grupo de imputados. Además de los dos ex ministros ya mencionados, los investigados son representantes de estas entidades que, según la acusación, habrían recibido o desviado fondos públicos con destino a fines privados bajo el marco formal del plan de capacitación.
El miércoles se llevará a cabo una nueva audiencia para continuar con los planteos formales de ambas partes. La jueza Pelosso tiene hasta fin de semana para resolver si eleva la causa a juicio. En caso afirmativo, deberá decidir también sobre la composición del tribunal: la fiscalía ha solicitado que sea colegiado de tres integrantes, lo que implicaría un proceso más formal y probablemente más extenso que uno de tribunal unipersonal. Esta decisión también marca el ritmo y la complejidad del juicio futuro. La causa permanece bajo investigación y cualquier nueva audiencia podría introducir elementos adicionales que modifiquen los argumentos en el debate.
