Se impulsa la creación de un régimen específico de derechos laborales para repartidores y conductores de plataformas digitales en el país.

Avanza en el debate legislativo y político nacional la creación de un régimen específico de derechos laborales para repartidores y conductores de plataformas de apps, una iniciativa que busca cerrar el vacío regulatorio que existe actualmente para este sector que crece exponencialmente en el país.
La propuesta responde a una realidad que se ha vuelto cada vez más visible: miles de trabajadores en Argentina dependen de aplicaciones de delivery, transporte y servicios diversos para generar ingresos, pero operan en un marco legal ambiguo donde no cuentan con protecciones laborales tradicionales ni están claramente definidos como empleados ni como trabajadores independientes autónomos.
El sector de plataformas digitales ha experimentado una expansión sin precedentes en los últimos años, particularmente durante y después de la pandemia de COVID-19. Conductores de Uber, Cabify, Beat y similares; repartidores de Pedidos Ya, Glovo, Rappi y otras apps de delivery se han multiplicado en ciudades de todo el país. Sin embargo, estos trabajadores permanecen en una zona gris regulatoria que los deja expuestos a vulnerabilidades tanto económicas como de seguridad.
Actualmente, la legislación laboral argentina no contempla figuras específicas para estos trabajadores. Las plataformas los clasifican como socios o colaboradores independientes, lo que les permite eludir el cumplimiento de obligaciones como aportes de seguridad social, asignaciones familiares, cobertura de accidentes de trabajo y el derecho a vacaciones pagadas. Por otro lado, los trabajadores tampoco tienen la flexibilidad total de un trabajador autónomo verdadero, ya que las apps controlan tarifas, algoritmos de asignación de tareas y pueden suspender o cancelar cuentas sin proceso transparente.
La iniciativa de crear un régimen específico de derechos para este segmento laboral apunta a reconocer características propias del trabajo en plataformas. No se trata de aplicar mecánicamente la legislación de trabajadores dependientes tradicionales, sino de construir un marco que considere la naturaleza especial de estas relaciones: la flexibilidad horaria que permite a los trabajadores elegir cuándo trabajar, el uso de herramientas digitales y algoritmos, y la mediación de plataformas que actúan como intermediarias pero ejercen considerable control sobre las condiciones de trabajo.
Entre los derechos que se discuten figura el acceso a cobertura de salud, protección ante accidentes laborales, garantías mínimas de ingresos, derecho a reclamar cambios en algoritmos de asignación, protección de datos personales, y mecanismos claros y justos para suspensiones o cancelaciones de cuentas. También se contempla la afiliación a sistemas de seguridad social adaptados y la posibilidad de organización colectiva para negociar condiciones.
Argentina no es ajena a estos debates. En los últimos años, trabajadores de plataformas han llevado adelante marchas, huelgas y acciones colectivas reclamando mejores condiciones. Sindicatos tradicionales han buscado organizar a estos sectores, aunque enfrentan dificultades por la dispersión geográfica y la característica de la relación con las plataformas. Simultáneamente, gobiernos provinciales y municipios han intentado regular a través de ordenanzas locales, generando un patchwork regulatorio fragmentado.
A nivel nacional, legisladores de diferentes bloques han presentado proyectos de ley que buscan establecer un marco común. La propuesta de un régimen específico intenta superar las limitaciones de estos intentos anteriores, articulando con plataformas, sindicatos y trabajadores para llegar a una solución que sea viable y equilibrada.
La creación de este régimen específico enfrentará debates complejos. Las plataformas argumentan que un marco regulatorio muy exigente podría encarecer sus servicios o reducir las oportunidades de trabajo flexible. Los sindicatos y defensores de derechos de trabajadores exigen protecciones mínimas comparables a la legislación laboral vigente. Trabajadores mismos tienen posiciones diversas según su situación particular.
El desafío central será diseñar un régimen que reconozca la realidad del trabajo en plataformas sin destruir la flexibilidad que muchos trabajadores valoran, pero garantizando protecciones básicas contra la precarización. Esto incluye asegurar que ningún trabajador de apps quede excluido de derechos fundamentales como cobertura de salud y accidentes de trabajo.
La iniciativa avanza en un contexto donde Argentina, como otros países, busca actualizar su legislación laboral para el siglo XXI. A diferencia de marcos regulatorios más antiguos, esta propuesta tiene la oportunidad de anticipar desafíos en lugar de actuar tardíamente. Lo que se decida aquí en las próximas semanas y meses sentará precedente para cómo Argentina regula el trabajo digital y el futuro de las relaciones laborales en la economía de plataformas.