Una ciudadana cordobesa inició acción legal contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado nacional tras sufrir una discapacidad del 75,6% después de recibir una dosis de la vacuna anticovid. Reclama compensación por daño moral y pérdida de calidad de vida.
Flavia Ochoa, residente en la localidad cordobesa de Coronel Moldes, presentó una acción legal de carácter civil contra el fabricante farmacéutico AstraZeneca y la administración estatal nacional. La medida se fundamenta en que la mujer padeció una incapacidad del 75,60% tras recibir una inyección de la vacuna contra el coronavirus.
Según los documentos judiciales a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la demandante persigue obtener una reparación económica que abarque múltiples conceptos de daño: la incapacidad sobreviniente que le impide desempeñarse laboralmente, el perjuicio emocional y psicológico, la frustración de sus planes futuros personales y profesionales, así como una compensación punitiva hacia el demandado.
El episodio que desencadenó la presentación judicial ocurrió el 4 de enero de 2022, cuando Ochoa se aplicó la tercera dosis del suero de AstraZeneca en un dispositivo de vacunación ubicado en Coronel Moldes. De acuerdo a la narración que consta en la demanda, transcurridas pocas horas del procedimiento, la mujer experimentó intensos dolores musculares acompañados de fuertes contracciones involuntarias.
La situación se agravó considerablemente al día siguiente, cuando comenzó a experimentar una pérdida progresiva de su capacidad de movimiento. Este deterioro acelerado en su estado físico obligó a Ochoa a realizar múltiples consultas médicas en cuestión de días, hasta que finalmente fue internada en un establecimiento sanitario ubicado en la ciudad de Río Cuarto.
La acción legal también cuestiona la validez de artículos específicos de la Ley 27.573, normativa que fue sancionada durante la emergencia sanitaria del Covid-19 para regular la adquisición masiva de vacunas por parte del Estado argentino. Esta ley también creó un mecanismo de compensación destinado a las personas que pudieran acreditar que sufrieron daños como consecuencia directa de la administración de dosis vacunales.
El litigio iniciado por Ochoa representa un antecedente significativo en Argentina respecto a la responsabilidad de las industrias farmacéuticas frente a efectos adversos potencialmente atribuibles a las vacunas anticovid. El caso reviste particular relevancia considerando la masiva campaña de vacunación que se desplegó en el país durante 2021 y 2022, donde millones de argentinos recibieron dosis de diferentes laboratorios, incluyendo AstraZeneca.
La demanda pone en evidencia la tensión entre la necesidad de inmunizar aceleradamente a la población durante una emergencia sanitaria y la obligación de los productores de medicamentos de garantizar la seguridad de sus productos, así como de compensar a quienes sufran daños comprobables derivados de su uso.