El Ministerio de Economía destinó casi el 70% de los fondos de obras hídricas al equilibrio fiscal. En 2024-mayo 2026, ejecutó solo $116 mil millones de $375.400 millones recaudados por impuesto a combustibles.
La actual administración ejecutó solo el 31% de los recursos disponibles destinados a obras hídricas durante el período 2024-mayo 2026. Mientras tanto, el Ministerio de Economía derivó casi el 70% de esos fondos hacia el equilibrio fiscal, utilizando herramientas como Letras del Tesoro, plazos fijos y depósitos a la vista para inyectar liquidez inmediata al Tesoro nacional. De los $375.400 millones recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos, solo $116 mil millones fueron ejecutados en obras, mientras el resto fue inmovilizado en instrumentos financieros.
Este patrón de subejecución en infraestructura hídrica reproduce la misma estrategia que el Gobierno aplicó con la red vial nacional. El Fondo de Infraestructura Hídrica se financia con el 4,31% de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos, pero la ejecución ha sido sistemáticamente postergada en favor de necesidades fiscales de corto plazo.
La ejecución de obras hídricas mostró una tendencia creciente pero aún deficitaria a lo largo del período analizado. En 2024, los gastos de obras hídricas representaron apenas el 12% de lo ingresado, con apenas $11.500 millones ejecutados sobre $94.400 millones recaudados. La situación mejoró ligeramente en 2025, cuando la ejecución alcanzó el 24% ($43.400 millones sobre $184.300 millones). Hasta fines de mayo de 2026, la proporción creció al 63% ($61 mil millones sobre $97.600 millones).
Sin embargo, estas cifras de ejecución progresiva contrastan dramáticamente con la retención de fondos destinada específicamente al financiamiento del Tesoro. Para junio de 2026, el fondo fiduciario retenía $290 mil millones invertidos en Letras del Tesoro, $247 millones en plazos fijos y $49 mil millones en depósitos a la vista. Esta composición de inversiones refleja una estrategia deliberada de captura de recursos para sostener operaciones fiscales cotidianas.
La estrategia de desfinanciar inversión pública no es exclusiva de obras hídricas. El Sistema Vial Integrado (SisVial) captó más de $1,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles desde que asumió la gestión libertaria, pero la Casa Rosada aplicó apenas una cuarta parte de esos ingresos al mantenimiento de rutas, con apenas $394.406 millones ejecutados. La tasa de subejecución en vialidad llegó al 73,8%, una cifra que supera incluso el atraso en obras hídricas.
Este patrón dual de retención de fondos en ambos sectores de infraestructura no responde a limitaciones técnicas o administrativas, sino a una decisión deliberada de priorizar la estabilización fiscal sobre la inversión en bienes de capital que generen empleo y productividad.
El impacto acumulado de esta política de subejecución es visible en las estadísticas de actividad económica. La obra pública cayó un 32,4% interanual en términos reales durante el primer semestre de 2026, según datos del período bajo análisis. Esta contracción refleja no solo el congelamiento de nuevos proyectos, sino también el retraso en la ejecución de compromisos ya presupuestados.
Economistas especializados en finanzas públicas señalan que esta estrategia responde a una lógica inmediata. Según explicó Sofía Grassi, economista integrante de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), "la inversión de estos recursos en letras como las LECAP le otorga liquidez inmediata al Tesoro nacional". Sin embargo, esta decisión carga su costo a largo plazo en la calidad de la infraestructura nacional y en la capacidad productiva del país.
La administración también utilizó Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) como herramienta de negociación en el ámbito legislativo, expandiendo aún más la gama de mecanismos de financiamiento fiscal desvinculados de la ejecución de obra pública. Este esquema de negociación legislativa mediada por transferencias de recursos representa un desvío adicional de fondos que podrían destinarse a inversión productiva.
La cifra global de obras hídricas ejecutadas durante 2024-mayo 2026 —$116 mil millones de $375.400 millones recaudados— ilustra una administración que ha priorizado la sostenibilidad fiscal de corto plazo sobre el desarrollo de infraestructura estratégica. Con casi el 70% de los fondos destinados al equilibrio fiscal, la gestión libertaria ha reproducido en infraestructura hídrica el mismo modelo de retención que caracteriza su política vial, consolidando una tendencia de desinversión pública que ya comienza a reflejarse en indicadores macroeconómicos de contracción.