El Gobierno implementa dos medidas para reducir la morosidad que afecta a casi seis millones de personas. Desde agosto, entra en vigencia el sistema de débitos automáticos de cuotas.
El Gobierno avanza con dos mecanismos simultaneados para reducir la morosidad en el sistema financiero nacional, un problema que afecta a casi seis millones de personas y que se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la recuperación crediticia. Las medidas combinan un sistema de débitos automáticos que entra en vigencia el próximo 31 de agosto, junto con una ampliación de descuentos directos sobre recibos de sueldo que dependerá de reglamentaciones complementarias del Banco Central.
La morosidad sigue siendo un lastre para la economía doméstica. Según datos del BCRA, la tasa de morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito alcanzó el 12,8% en junio, registrando una leve mejora de 0,1 puntos porcentuales respecto a mayo, mientras que el porcentaje general de irregularidad del crédito se situó en el 7,6%. Aunque los números muestran una ligera tendencia a la baja, la magnitud del problema justifica acciones más agresivas por parte del sector oficial.
El mecanismo de Cobros por Transferencia que rige desde el 31 de agosto autoriza a las entidades acreedoras —bancos y fintech— a realizar débitos automáticos de cuotas directamente desde cuentas bancarias o billeteras virtuales. El sistema opera bajo un régimen de protección al deudor que requiere su autorización expresa previa, un factor que, según el Gobierno, diferencia esta medida de intentos previos que despertaron rechazo social.
Una de las garantías clave es que el deudor puede revocar el consentimiento en cualquier momento, lo que mantiene cierto margen de control sobre sus finanzas. Las cuotas debidas mediante este mecanismo deben ser fijas, iguales y no pueden superar el 30% de los ingresos mensuales del acreedor, un límite que busca evitar sobreendeudamiento. La autorización apunta a que el débito se realice de la cuenta bancaria o billetera donde originalmente se depositó el crédito, una condición que ha generado tensiones con el sector financiero.
El Gobierno incluyó cláusulas de protección al deudor para prevenir prácticas abusivas. Las entidades deben notificar con un día de anticipación antes de cada débito, dando margen para que el acreedor cuestione la operación o asegure fondos suficientes en la cuenta. En caso de demora, las entidades podrán debitar de la cuenta de origen, pero los reintentos de cobro están estrictamente limitados: un intento inicial más máximo dos reintentos a las 48 y 96 horas.
Esta restricción contrasta con prácticas previas en las que los cobradores de bancos y entidades fintech multiplicaban los intentos sin límite, generando comisiones y gastos accesorios que profundizaban el endeudamiento. Además, el Gobierno establece que no se podrán computar intereses ante retrasos en el pago, una medida que reduce el costo final para el deudor moroso y facilita su recuperación crediticia.
La segunda medida contempla ampliar el mecanismo de descuento sobre recibo de sueldo para descontar cuotas de crédito directamente del salario, un sistema reglamentado bajo el artículo 36 de la reforma laboral recientemente sancionada. Este método, que ya existe en algunos sectores, evita intermediarios y asegura el pago de manera más directa y permanente.
Sin embargo, la entrada en vigencia de esta medida dependerá de normas complementarias que defina el Banco Central, lo que significa que aún hay un período de incertidumbre sobre cuándo estará operativa. El BCRA deberá establecer requisitos, límites porcentuales y condiciones de protección al trabajador antes de que esta herramienta sea de uso generalizado en el sector financiero.
Las medidas no han sido bien recibidas por la banca. El sector financiero ha generado resistencia, particularmente respecto al débito automático limitado a la cuenta donde se depositó el préstamo. Los bancos argumentan que esta restricción reduce sus opciones de cobro y complejiza la operatoria cuando un deudor no mantiene fondos en esa cuenta específica. Además, advierten que no podrán computar intereses ante retrasos, lo que reduce sus ingresos por mora y afecta la rentabilidad de las carteras de créditos vinculadas a deudores con problemas de pago.
A pesar de las resistencias, el Gobierno mantiene su postura de equilibrar los derechos del acreedor con la protección del deudor, buscando evitar nuevos ciclos de sobreendeudamiento que históricamente han caracterizado al mercado crediticio argentino.