La administración Milei analiza ampliar las sanciones contra actividades vinculadas con Malvinas. El sector pesquero entra en el nuevo esquema y se modificaría la Ley Pino Solanas. Proyecto al Congreso el próximo lunes.
El Gobierno nacional avanza en una estrategia integral para fortalecer la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas mediante la ampliación del régimen de sanciones contra empresas y personas que operan en la zona en violación de la jurisdicción nacional. La propuesta, que llegará al Congreso la próxima semana, busca incorporar al sector pesquero en el esquema sancionatorio y modifica la histórica Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, sancionada en 2011.
Según informaron fuentes cercanas al Ejecutivo, el proyecto será enviado a Diputados el lunes siguiente al 9 de septiembre, cuando se tiene previsto que reciba tratamiento legislativo entre fines de ese mes y principios de octubre. La iniciativa responde a demandas de sectores políticos, como el bloque peronista en la Cámara Baja, que ha reclamado explícitamente la inclusión de actividades pesqueras en el régimen de sanciones.
La administración Milei ya está en marcha contra empresas vinculadas con negocios petroleros irregulares en Malvinas. El caso más visible es el proyecto Sea Lion, sobre el cual el Gobierno ha tomado acciones sancionatorias. La nueva medida pretende expandir ese alcance hacia toda la cadena de valor que opera en las islas sin autorización argentina: desde la exploración petrolera hasta la extracción pesquera.
El jefe de bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, ha sido vocal en reclamar que el sector pesquero sea parte de las sanciones. Su posición refleja un consenso transversal sobre la necesidad de proteger los recursos naturales del territorio argentino. La propuesta que ahora analiza el Gobierno recoge esa demanda y la institucionaliza en un nuevo marco legal.
La clave del nuevo esquema radica en un principio central: según explicó el Presidente Javier Milei, "quienes presten servicios a empresas vinculadas con la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar con el Estado ni con privados en el país". Esta medida busca cerrar las puertas del mercado nacional a empresas que colaboren con explotadores ilegales, generando un efecto disuasivo concreto.
El alcance de los procesos sancionatorios ya en marcha es significativo. El Gobierno ha abierto procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operarían en la cuenca Malvinas sin consentimiento ni autorización de la República Argentina. Esta cifra evidencia que no se trata de iniciativas aisladas, sino de un operativo sistemático de control y penalización.
Los procesos abarcan tanto a proveedores directos de servicios petroleros como a intermediarios y actores que facilitan estas operaciones. El Ejecutivo ha dejado en claro que la cadena de responsabilidad se extiende más allá del operador principal, alcanzando a quienes participan en cualquier eslabón de la cadena de valor.
Simultáneamente, el Gobierno ha anunciado un refuerzo en el componente de defensa y soberanía: la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Esta infraestructura forma parte de la misma estrategia de afirmación de la presencia estatal en la zona de influencia de las Malvinas.
El financiamiento de la base naval será incluido en el Presupuesto 2027, según confirmó el Ejecutivo. Milei aclaró que esta inversión no afectará el equilibrio fiscal, lo que sugiere que se prevé dentro de los límites presupuestarios ya establecidos o mediante reasignaciones internas. La medida combina sanciones económicas con inversión en infraestructura de seguridad, configurando un enfoque multidimensional.
La modificación de la Ley 26.659 no es un cambio menor. La ley actual, sancionada hace más de una década, fue un hito en la protección de la soberanía argentina al establecer una serie de restricciones a actividades económicas vinculadas con las islas. El nuevo proyecto busca actualizarla, reforzarla y expandir su alcance para capturar nuevas modalidades de explotación, especialmente en el sector pesquero que había quedado fuera del régimen original.
El calendario legislativo previsto entre fines de septiembre y principios de octubre coincide con un período donde suelen tratarse proyectos de importancia nacional en comisiones especializadas. La existencia de consenso bipartidista—con el peronismo reclamando explícitamente mayor dureza—sugiere que el proyecto podría avanzar sin fricciones mayores, aunque habrá que verificar el posicionamiento de otros bloques.
Esta batería de medidas—ampliación de sanciones, incorporación del sector pesquero, construcción de infraestructura naval—responde a una política de estado más amplia de afirmación de la soberanía argentina sobre el territorio y sus recursos naturales. La disputa sobre Malvinas sigue siendo un eje de política exterior y doméstica, y las decisiones sobre cómo ejercer presión económica y administrativa sobre quienes operan en la zona sin autorización argentina siguen siendo materia de decisión del Gobierno nacional.
Los próximos días serán críticos para conocer los detalles completos del proyecto legislativo y cómo se articularán exactamente las sanciones al sector pesquero con las ya existentes contra operaciones petroleras.