Formosa registró una tasa de morosidad del 19,58% en junio de 2026, superando el promedio nacional de 17,4%. La brecha alcanza 2,18 puntos porcentuales. Los jóvenes menores de 25 años son los más afectados.

Formosa registró una tasa de morosidad del 19,58% en junio de 2026, superando significativamente el promedio nacional que se ubicó en 17,4% durante el mismo período. La provincia norteña se encuentra 2,18 puntos porcentuales por encima del indicador nacional, lo que evidencia una situación de endeudamiento más crítica respecto al resto del país.
Según el relevamiento realizado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) sobre la base de datos de la Central de Deudores del BCRA, se entiende por morosidad los créditos con atraso superior a 90 días. El estudio analizó deudas de personas físicas residentes en Argentina con diversas instituciones financieras y no financieras, reflejando una fotografía precisa de la situación crediticia en las jurisdicciones.
Uno de los datos más preocupantes emerge al analizar la morosidad por grupos etarios. En Formosa, los jóvenes menores de 25 años enfrentan una tasa de morosidad del 35,97%, un indicador que refleja dificultades severas en el acceso y la capacidad de pago entre la población más joven de la provincia. Si bien este porcentaje se sitúa levemente por debajo del promedio nacional para este grupo de edad —que alcanzó 36,84%— la cifra absoluta sigue siendo crítica.
La tendencia observa que la morosidad tiende a disminuir conforme aumenta la edad de los deudores. Entre personas de 26 a 35 años, el promedio nacional desciende a 26%, mientras que para el grupo de 36 a 45 años la cifra se reduce considerablemente a 17,86%, alineándose más cercamente con el promedio general de la población.
A nivel nacional, el mapa de morosidad dibuja disparidades significativas entre provincias. La Rioja encabeza el ranking con una tasa del 23,99%, seguida por San Luis con 22,24% y Santa Cruz con 21,93%. Catamarca se ubica en el cuarto lugar con 21,51% de morosidad.
Formosa, aunque no lidera el ranking nacional, ocupa una posición preocupante en el pelotón de cabecera, consolidándose como una de las provincias con mayores dificultades en la cobrabilidad de créditos. En contraste, los indicadores más bajos se registran en La Pampa con 9,01% de morosidad y en la Ciudad de Buenos Aires con 11,71%, evidenciando brechas significativas según la geografía económica del país.
El relevamiento del CEC basado en datos del BCRA permite identificar patrones claros en el comportamiento del endeudamiento según la edad. La volatilidad observada en los tramos más jóvenes sugiere mayor fragilidad financiera, menor estabilidad laboral y acceso limitado a crédito de mejor calidad en esos segmentos poblacionales. A medida que los deudores avanzan en edad, las tasas de morosidad tienden a normalizarse, indicando mayor capacidad de pago y gestión del pasivo.
Para Formosa, estos números plantean interrogantes sobre la estructura económica provincial, el acceso al empleo formal y la calidad de ingresos disponibles para hacer frente a obligaciones crediticias. La provincia enfrenta un desafío específico con su población más joven, donde casi cuatro de cada diez personas con deudas registran mora superior a 90 días.
La tasa promedio nacional de morosidad del 17,4% en junio de 2026 refleja tensiones generalizadas en el acceso al crédito y la capacidad de pago de los argentinos. Con provincias que rondan el 24% y otras que apenas alcanzan el 9%, el país exhibe una heterogeneidad considerable que responde a variables económicas locales, mercados laborales desiguales y disparidades en la provisión de servicios financieros.
El relevamiento incluye a todas las personas físicas residentes en Argentina que registren deudas en la Central de Deudores del BCRA con instituciones financieras y no financieras, ofreciendo un panorama comprehensivo del endeudamiento en el territorio nacional. Los datos de junio de 2026 constituyen un insumo crítico para entender la situación financiera actual de la población y las regiones, permitiendo a formuladores de política pública y actores económicos evaluar la sostenibilidad del sistema crediticio y diseñar medidas de alivio o regulación según corresponda.