El peronismo federal se distancia del kirchnerismo sobre la propuesta de expropiaciones incluida en el proyecto RIGI, profundizando fracturas internas en la coalición opositora.

Se acentúa una grieta interna en el peronismo: el peronismo federal rechaza la propuesta de expropiaciones que el kirchnerismo busca incluir en RIGI, marcando una distancia clara entre ambas corrientes sobre cómo debe estructurarse el régimen de inversiones que el Gobierno impulsa. La divergencia expone fraccionamientos profundos en la oposición peronista sobre economía, inversión extranjera y alcance del Estado.
El kirchnerismo ha propuesto incluir cláusulas de expropiación dentro del Régimen de Incentivo a la Inversión Grande (RIGI), un instrumento que busca atraer capitales extranjeros mediante estabilidad tributaria y cambiaria por 20 años. Esta propuesta tensiona con la lógica fundamental del régimen, que se basa en garantías a largo plazo para los inversores.
El peronismo federal rechaza frontalmente esta incorporación, considerando que las expropiaciones contradicen los objetivos de certidumbre y previsibilidad que un régimen de inversiones necesita. Para este sector, incluir mecanismos de expropiación desacreditaría RIGI frente a potenciales inversores internacionales y debilitaría cualquier atractivo que el régimen pueda tener para el capital extranjero.
Esta diferencia no es anecdótica: representa visiones antagónicas sobre el rol del Estado y la relación con el capital privado internacional. El kirchnerismo mantiene una postura estatista en la que el Estado retiene capacidad de intervención sobre la propiedad privada en caso de considerarlo necesario. El peronismo federal, en tanto, se alinea con una lógica más pragmática de atracción de inversión donde la seguridad jurídica y la previsibilidad son condiciones no negociables.
El RIGI ha sido uno de los proyectos más controvertidos del actual Gobierno, generando resistencias tanto en la oposición como en sectores particulares del oficialismo. El peronismo, lejos de presentar un frente unido, muestra divisiones profundas sobre cómo debe abordarse el régimen: si rechazarlo de plano, modificarlo sustancialmente, o aceptar componentes específicos mientras rechaza otros.
La divergencia revela el estado de fragmentación del peronismo como bloque político. Donde debería haber una estrategia coordinada, emergen posiciones contradictorias que debilitan la capacidad de negociación y propuesta de la oposición. El kirchnerismo mantiene una línea ideológica más cercana al estatismo y la defensa de políticas de transferencia estatal, mientras que el peronismo federal busca un repositorio más centrado en gobernabilidad y atracción de inversión.
Esta grieta trasciende RIGI: refleja desacuerdos sobre la dirección económica del país, el rol del Estado en la economía, y la relación con actores privados internacionales. En un contexto donde el peronismo lidia con múltiples liderazgos disputados y visiones de futuro encontradas, la incapacidad de acordar un posicionamiento unificado sobre un instrumento legislativo estratégico expone vulnerabilidades que podrían afectar su capacidad de construir consensos más amplios.
El RIGI ha generado resistencias desde distintos sectores. Diputados de diferentes bancadas han presentado críticas variadas: algunos lo rechazan por considerarlo una entrega de soberanía, otros por aspectos puntuales de su articulado, y varios por las implicancias fiscales y distributivas del régimen. El peronismo nunca logró articular una respuesta conjunta, con legisladores votando de manera fragmentada en diferentes instancias.
La propuesta de expropiaciones del kirchnerismo, lejos de resolver estas tensiones, las agudiza: es una respuesta ideológica que no contempla la complejidad de los consensos requeridos para que un régimen de inversiones funcione. El peronismo federal, al distanciarse, establece un margen pragmático que le permite hablar de modificaciones viables sin pretender transformar el carácter fundamental del instrumento.
La fragmentación peronista sobre RIGI probablemente continuará marcando el debate legislativo en torno a este y otros instrumentos económicos. Sin capacidad de presentar un frente unido, la oposición se ve obligada a actuar de manera descoordinada, permitiendo que el Gobierno avance sin necesidad de construir grandes consensos transversales.
La distancia entre el peronismo federal y el kirchnerismo sobre expropiaciones en RIGI es un síntoma más de la crisis de representación y cohesión que enfrenta el peronismo como fuerza política. En el mediano plazo, estas fraccionamientos determinarán no solo la suerte de instrumentos como RIGI, sino la capacidad misma de la oposición de construir alternativas viables de gobierno.