La morosidad en el sector privado toca el nivel más alto en dos décadas. De 20,9 millones de deudores, 5,8 millones acumulan pagos atrasados.

La morosidad en el sector privado argentino alcanzó el 7,6% en mayo de 2026, el nivel más alto registrado en dos décadas, según datos que confirman un deterioro económico sin precedentes en los últimos años. El panorama es aún más preocupante cuando se analizan las familias: 5,8 millones de personas de un total de 20,9 millones de deudores acumulan pagos atrasados, marcando un punto de quiebre en la capacidad de pago de los hogares argentinos.
La situación se agudizó tras 19 meses consecutivos de aumentos en los indicadores de morosidad, evidenciando una erosión sistemática del poder adquisitivo y del acceso al crédito. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) atribuye el fenómeno a tres factores convergentes: la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento del crédito y la expansión acelerada del financiamiento digital que ha capturado a millones de ciudadanos con menores protecciones regulatorias.
La evolución es dramática. En octubre de 2024, la mora de familias con bancos era del 2,5%. Para mayo de 2026, esa cifra escaló al 12,3%, representando un aumento de casi cinco veces en apenas dieciocho meses. En el mismo período, la morosidad en empresas creció del 0,7% al 3%, evidenciando que el deterioro no se limita solo al consumo de hogares sino que afecta también al tejido productivo.
Dentro del segmento de personas físicas, los créditos más vulnerables muestran cifras alarmantes. Los préstamos personales alcanzaron una mora del 14,9%, mientras que las tarjetas de crédito llegaron al 12,5%. Estos dos productos financieros concentran el 73% del saldo irregular en hogares, evidenciando que familias y consumidores individuales dependen cada vez más del financiamiento de corto plazo para subsistir.
Pero quizá el fenómeno más inquietante es lo que ocurre en las plataformas de financiamiento digital. La morosidad en billeteras virtuales pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 29,6% en mayo de 2026, un salto que no tiene comparación en dos décadas de registros. Esta cifra no solo supera con creces los picos más altos anteriores, sino que trasciende incluso los niveles registrados durante la pandemia de COVID-19.
El crecimiento explosivo de la mora en billeteras virtuales es el reflejo de un mercado de crédito digital que se expandió sin regulaciones adecuadas y llegó a sectores de la población con menores ingresos y menor capacidad de análisis de riesgo. Más de la mitad de los 5,8 millones de morosos corresponden exclusivamente a usuarios de billeteras virtuales, mientras que los créditos irrecuperables en estas plataformas suman $3,45 billones, dos tercios del total.
Si se consideran conjuntamente los atrasos en bancos y billeteras virtuales, la mora de familias alcanza el 15,5%, es decir, una de cada seis familias en el país tiene alguna deuda irregular en el sistema financiero formal o en plataformas digitales.
Más allá de la mora actual, existe un nivel adicional de riesgo que podría agudizar la crisis. Hay $4,14 billones en préstamos bajo seguimiento especial, es decir, deudas que aún no están clasificadas como morosas pero presentan señales de deterioro y podrían convertirse en atrasos en los próximos meses. Esta cifra casi iguala a los créditos irrecuperables actuales, amplificando la proyección de una crisis aún más profunda por delante.
El mapa de la morosidad en Argentina revela inequidades territoriales profundas. La Rioja presenta la tasa más alta con 22,8% de mora, seguida por San Luis (20,1%) y Catamarca (20%). Estas provincias del interior sufren de manera más aguda la crisis de acceso al crédito y pérdida de poder adquisitivo.
En contraste, La Pampa registra la mora más baja con 9,1%, aunque esta cifra sigue siendo preocupante en perspectiva histórica. En la región metropolitana, CABA registra 10,1% de mora, mientras que Santa Fe alcanza 12,4%. La provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de deudores absolutos, presenta una mora total del 17,8%, significativamente superior a la media nacional.
Un dato que expone una fragilidad generacional es que casi cuatro de cada diez jóvenes de 18 a 34 años se encuentran en situación de morosidad. Esta proporción indica que una generación entera de argentinos comienza su vida de crédito ya endeudada y sin capacidad de pago, lo que augura consecuencias económicas de largo plazo en términos de empleo, inversión y consumo.
Un dato que no puede pasarse por alto es que el crecimiento de la mora comenzó a fines de 2024, anterior a las elecciones legislativas de octubre de ese año. Esto significa que la deterioración del poder adquisitivo y la capacidad de pago ya era evidente antes de ese evento electoral y se ha profundizado en los meses posteriores.
Los números absolutos del CEPA pintan un cuadro de economía en contracción y capacidad de consumo en desplome. Con 5,8 millones de deudores morosos sobre una población total de 20,9 millones en el sistema, se habla de casi tres de cada diez argentinos con algún grado de atraso en sus obligaciones de crédito. Este es el espejo más fidedigno de una crisis de ingresos reales y acceso al financiamiento que estructura la cotidianidad de millones de familias en el país.