El conflicto en el Estrecho de Ormuz reanudó bombardeos a fin de semana pasado, llevando el barril de petróleo a la zona de 90 dólares. Argentina enfrenta una triple presión: precios internacionales volátiles, colapso del esquema de buffer y tres subas impositivas.
Los bombardeos reanudados en el Estrecho de Ormuz durante el fin de semana pasado volvieron a encender las alarmas en materia de precios de combustibles. El barril de petróleo Brent regresó a la franja de 90 dólares, replicando la presión que ya había sufrido el mercado internacional hace cuatro meses, cuando un ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el último día de febrero de 2026 paralizó uno de los puntos más críticos de la geopolítica energética mundial.
La volatilidad que trae consigo esta nueva escalada en Medio Oriente llega a Argentina en un momento particularmente vulnerable: el esquema de buffer de precios que congeló los valores en surtidores desde abril hasta el 15 de junio está entrando en su fase final de recuperación de costos. Según los cálculos del sector, ese período de normalización estaba previsto para fines de septiembre. Sin embargo, la presión internacional sobre el precio del petróleo, combinada con tres sucesivas subas impositivas decretadas por el Gobierno nacional, pone en riesgo esa hoja de ruta.
Cuando el ataque a Irán y sus consecuencias desataron la paralización del Estrecho de Ormuz hace apenas cuatro meses, los primeros damnificados fueron los conductores argentinos. En marzo de 2026, los surtidores del país registraron aumentos de hasta 25% en los precios de nafta y gasoil. Fue el primer aviso de que la geopolítica de Oriente Medio no era un problema lejano: impactaba directamente en los bolsillos de quien cargaba combustible en cualquier punto del país.
La suba fue brusca y sin atenuantes. Los márgenes de refinería y distribución no podían absorber el impacto del barril a 90 dólares, y el costo se trasladó inmediatamente al consumidor. Fue en ese contexto caótico que YPF y el resto de la industria petrolera argentina diseñaron una salida: el esquema de buffer de precios.
En abril de 2026, YPF y sus competidoras lanzaron la estrategia que buscaba dar un respiro a los automovilistas. El buffer de precios congeló el valor de venta en los surtidores desde abril hasta el 15 de junio, con apenas una modificación mínima el 15 de mayo. No era una solución definitiva, sino un mecanismo de amortiguación: permitía que los precios internacionales fluctuasen sin que esa volatilidad se tradujera de inmediato en el precio del litro que pagaba el consumidor final.
Tras el 15 de junio, el esquema entró en una segunda fase diseñada para recuperar los costos que la industria no había podido cobrar durante el período congelado. Las refinerías sabían que ese atraso debería ser recuperado gradualmente. Sin embargo, el Gobierno nacional tenía otros planes.
Mientras la industria petrolera intentaba estabilizar precios mediante el buffer, el Gobierno nacional aplicó tres subas sucesivas en los impuestos a combustibles desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. El impacto es contundente: el gasoil sufrió un aumento impositivo de 34%, con una carga de 317 pesos por litro, mientras que las naftas registraron un incremento de 28% con 400 pesos por litro.
Las cifras revelan la escala de la reconfiguración fiscal. El peso de los impuestos en el surtidor se duplicó, pasando de 9% a 18,5% del valor total del litro. Es decir, prácticamente uno de cada cinco pesos que el consumidor paga en el surtidor va directamente al fisco, cuando hace apenas cuatro meses esa proporción era menor a uno en diez.
Pero hay un detalle adicional que amplifica la presión: según alertan las refinerías consultadas, esas subas impositivas aún no han sido trasladadas completamente a los surtidores. Existe un atraso acumulado de 233 pesos por litro en naftas y 93 pesos en gasoil que inevitablemente llegará a las bombas cuando el buffer termine su ciclo de recuperación.
La provincia de Río Negro, ubicada en el corazón de la Patagonia, tiene una particularidad que mitiga parcialmente este escenario crítico. La zona Patagónica exime el Impuesto a Combustibles Líquidos y reduce la incidencia del Impuesto al Dióxido de Carbono, lo que proporciona un amortiguador importante frente a las presiones fiscales que enfrenta el resto del país. Sin embargo, incluso con esas exenciones provinciales, los aumentos en los impuestos nacionales seguirán siendo significativos.
Argentina enfrenta una tormenta perfecta. El precio internacional del petróleo vuelve a aproximarse a los 90 dólares por la reanudación del conflicto en Ormuz. El esquema de buffer de precios, pensado para amortiguar esa volatilidad, está llegando a su fin de ciclo en septiembre. Y el Gobierno nacional ha triplicado la presión fiscal sobre los combustibles en apenas cuatro meses.
Las refinerías advirtieron que los aumentos impositivos aún no han sido reflejados completamente en los surtidores. Cuando eso ocurra —sumado a la recuperación de costos del buffer y la presión de un petróleo que se mantiene cerca de 90 dólares— el impacto será ineludible. La pregunta que todos los actores de la industria se hacen ahora es cómo será distribuido ese golpe: entre márgenes de refinería, márgenes de distribución, y finalmente, en el bolsillo del automovilista argentino que cada día debe cargar combustible para trabajar.