En modo preelectoral, la Casa Rosada rescata iniciativas de bajo perfil pero impacto directo para reparar grietas con aliados. Reducción del IVA a la mandioca, ley de banquinas y electromovilidad son los proyectos que busca priorizar tras roces por pliegos judiciales.
En plena negociación de los grandes proyectos legislativos y en vísperas de los eventuales acuerdos electorales con el PRO, la UCR y gobernadores provinciales, el Ejecutivo nacional modificó su estrategia parlamentaria. Tras las tensiones de las últimas semanas, la Casa Rosada apuesta a desempolvar iniciativas que tenían bajo perfil mediático pero generan un impacto directo en las economías locales. El objetivo es reconstruir la confianza con los bloques dialoguistas después de los roces acumulados.
La nueva orientación surge tras los tropiezos vividos en la última semana: primero, el conflicto desatado por los pliegos judiciales cuando Patricia Bullrich tuvo que romper acuerdos previos con jefes de bloque para impulsar el pliego de Emilio Rosatti. Segundo, el fracaso parcial en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por Federico Sturzenegger, que expuso la falta de alineamiento entre el Gobierno y los gobernadores.
Entre las iniciativas que el Ejecutivo planea priorizar figura la reducción del IVA sobre la harina y fécula de mandioca, propuesta por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad. La medida busca bajar la alícuota del 21% al 10,5%, equiparando el tratamiento tributario con la harina de trigo. El beneficio directo recaería en los productores de Misiones y otras provincias del nordeste, quienes reclaman paridad fiscal con otros sectores agrícolas.
Otro proyecto central es la llamada ley de banquinas, impulsada por el diputado amarillo Javier Sánchez Wrba. Esta iniciativa modifica el régimen vigente para permitir la siembra en las márgenes de las rutas nacionales, buscando congraciarse con los sectores agrícolas resentidos por las políticas anteriores.
A estos se suma la ley de electromovilidad, respaldada por Cristian Ritondo, que emerge del acuerdo YPF-Tesla. Desde el Senado, también augura buena acogida la ley de Salud Mental, considerada como una iniciativa que podría generar consenso incluso con sectores críticos del Gobierno.
La estrategia responde a un doble objetivo que el oficialismo busca alcanzar. Por un lado, demostrar gestión concreta mediante medidas de bajo costo político pero alto rédito en el territorio. Estas iniciativas permiten al Gobierno mostrar resultados tangibles que benefician directamente a productores, trabajadores y pequeñas economías regionales.
Por otro lado, la Casa Rosada busca generar un efecto "aceite de máquinas" que facilite el respaldo a iniciativas propias que considera prioritarias. El gran objetivo sigue siendo la reforma del Banco Central, ansiada por Javier Milei para 2026, junto con cambios en la inocencia fiscal y otras reformas estructurales.
Fue la senadora Patricia Bullrich quien originalmente planteó esta idea al Ejecutivo, pero recién fue adoptada tras los recientes tropiezos como forma de descomprimir las relaciones políticas. El mensaje tácito es claro: el Gobierno está dispuesto a ceder en proyectos de impacto sectorial para construir consensos en materias que considera estratégicas.
En paralelo, el Ejecutivo redoblará esfuerzos comunicacionales para que proyectos más técnicos y menos visibles generen conexión con la sociedad. La ley de mercado de capitales es el ejemplo principal. Acordada como prioritaria dentro del paquete desregulador que trabaja el ministro Sturzenegger, la iniciativa apunta a "democratizar el capital" ampliando opciones de financiamiento para empresas y especialmente pymes.
La propuesta busca que las pequeñas y medianas empresas accedan a la emisión de acciones u obligaciones negociables como alternativa al crédito bancario tradicional. Aunque técnicamente compleja, el Gobierno intenta posicionarla como una medida que facilita el acceso a financiamiento para el sector productivo.
Esta recalibración legislativa ocurre cuando el país se encamina hacia las elecciones de 2027. El Ejecutivo busca potenciar su imagen de gestión pragmática, alejándose de la confrontación constante que caracterizó el primer tramo de la administración Milei. Al mismo tiempo, intenta generar condiciones de gobernabilidad que permitan avanzar en sus reformas estructurales sin los enfrentamientos que marcaron los primeros meses.
La estrategia implica un reconocimiento implícito de que los grandes cambios requieren consensos más amplios. Por eso el Gobierno busca invertir capital político en iniciativas que generen adhesión territorial, especialmente en provincias gobernadas por aliados que reclaman visibilidad y beneficios concretos para sus economías.