La mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para coordinar la entrada de la Ley de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA al Congreso Nacional.

La mesa política del Gobierno se reunió el martes 22 de julio de 2026 en Casa Rosada con un objetivo claro: coordinar la entrada de dos proyectos de ley considerados prioritarios por la administración Milei. El encuentro, liderado por Karina Milei en su rol de secretaria general, convocó a los principales referentes legislativos y funcionarios económicos del Ejecutivo para acelerar el trámite parlamentario de la Ley de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La sesión de trabajo contó con la participación de Diego Santilli, jefe de Gabinete; Luis Caputo, ministro de Economía; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; la senadora Patricia Bullrich; y asesores clave como Santiago Caputo. Notablemente, el presidente Javier Milei no asistió a la reunión, delegando la coordinación en su hermana y en su equipo de confianza.
Uno de los ejes principales de la convocatoria fue el impulso a la nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal. Según lo acordado en la reunión, Luis Caputo realizará una conferencia de prensa el miércoles para exponer los detalles de "Inocencia Fiscal II", que se espera ingrese próximamente a la Cámara de Diputados. Este proyecto forma parte de la agenda legislativa prioritaria del Gobierno y busca avanzar en la normalización de la economía mediante medidas de regularización fiscal.
La estrategia de comunicación incluye una presentación pública por parte del titular de Economía, buscando generar respaldo previo a la presentación formal del proyecto ante los diputados. Los funcionarios presentes en la reunión coordinaron los tiempos para que el ingreso al Congreso coincida con el cierre de este período de sesiones ordinarias.
Diego Santilli también reportó avances en su estrategia de vinculación territorial. El jefe de Gabinete ha iniciado una ronda de encuentros con gobernadores para formalizar convenios y acelerar la transferencia de obras públicas nacionales a las provincias. En ese marco, se coordinará específicamente la cesión de tramos viales a la provincia de Santa Fe, en línea con la política de descentralización que promueve el Ejecutivo nacional.
Esta iniciativa responde a la búsqueda del Gobierno de fortalecer los lazos con los gobiernos provinciales y optimizar la ejecución de infraestructura, delegando responsabilidades en las administraciones locales. La transferencia de competencias busca también reducir la carga presupuestaria del Estado nacional en materia de mantenimiento vial.
El segundo eje de la reunión giró en torno a la reforma institucional del Banco Central. El Gobierno presentará la reforma de la Carta Orgánica del BCRA la próxima semana, completando el paquete legislativo a impulsar en el corto plazo. Esta reforma ha sido histórica en los planes del Gobierno para aumentar la independencia de la entidad monetaria y modificar su estructura orgánica.
La coordinación entre Casa Rosada y el Congreso busca que ambos proyectos tengan un tránsito legislativo acelerado, aunque sin descartar negociaciones con bloques opositores que permitan ampliar consensos.
En la reunión también se confirmó una fecha tentativa de 6 de agosto para una sesión especial del Congreso que promete ser una de las más controvertidas del año. Esa jornada debería debatirse la inviolabilidad de la propiedad privada y la modificación de los límites en extranjerización de tierras rurales, temas que generan resistencia en diversos sectores.
Actualmente, la Ley 26.737 establece un límite de 15% para la adquisición de tierras rurales por extranjeros. La iniciativa del Gobierno buscaría modificar este techo, lo que ha generado críticas de organizaciones agrarias y ambientalistas que advierten sobre el control del territorio nacional.
Además de los proyectos mencionados, la sesión del 6 de agosto incluiría en su orden del día otros asuntos legislativos como "Hojarasca" (probablemente referido a una ley de regularización), tratamiento de falsas denuncias y medidas para zonas frías. La agenda es ambiciosa y refleja la intención del Gobierno de cerrar el período de sesiones ordinarias con proyectos de impacto.
La coordinación lograda en Casa Rosada el martes refleja la necesidad de sincronizar posiciones entre el Ejecutivo, la Cámara de Diputados y el Senado para que estos proyectos avancen sin dilaciones. Sin embargo, varios de estos temas prometen generar debates intensos en el hemiciclo, especialmente los vinculados a propiedad privada y recursos naturales.
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