El Concejo Municipal de Bariloche aprobó por unanimidad una ordenanza que ratifica el carácter inalienable de las 1920 hectáreas del cerro Catedral, prohibiendo su venta o transferencia.
El Concejo Municipal de Bariloche ratificó este martes por la tarde el carácter inalienable de las tierras del cerro Catedral mediante una ordenanza aprobada por unanimidad. La medida, impulsada por el concejal Leandro Costa Brutten, fortalece la protección legal de un patrimonio natural y turístico estratégico para la provincia de Río Negro, sellando una decisión que había permanecido en el marco normativo municipal desde hace casi dos décadas.
La ordenanza aprobada prohíbe explícitamente que las 1920 hectáreas de tierras públicas que conforman el cerro Catedral puedan ser "vendidas, cedidas, permutadas, transferidas ni objeto de disposición que implique pérdida de dominio o afectación permanente o transitoria del patrimonio municipal". De esta manera, el Concejo Municipal cierra cualquier puerta legal a una posible enajenación de estos terrenos, que actualmente integran la concesión del centro invernal.
La decisión no surge de cero. La protección de estas tierras ya estaba contemplada en la Carta Orgánica Municipal de 2007, documento que establece las bases constitucionales de la administración local. Sin embargo, con esta nueva ordenanza, Bariloche formaliza un blindaje más explícito y operativo, eliminando ambigüedades que pudieran abrir espacios para modificaciones futuras.
Uno de los aspectos controversiales del proyecto original fue la inclusión de un artículo 4 que suspendía trámites administrativos sobre cambios de uso, zonificación y urbanización en la zona. Este artículo fue finalmente retirado durante el debate, tras cuestionamientos formulados por el presidente del Concejo, Gerardo Del Río, quien señaló que contradecía directamente los términos del contrato de concesión vigente del centro invernal.
Más allá de la aprobación legislativa, la ordenanza ordena al Ejecutivo municipal que ejecute los trámites administrativos necesarios para que estas tierras sean inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble. Este paso es crucial, ya que consolida la protección en el sistema registral provincial y otorga seguridad jurídica adicional a la decisión política adoptada por el Concejo.
Aunque la votación contó con la ausencia de dos concejales —Juan Pablo Ferrari y Samantha Echenique—, todos los bloques representados en el Concejo acompañaron la aprobación, lo que refleja un consenso transversal sobre la importancia de preservar estas tierras para la comunidad barilochense.
La ordenanza no solo declara inalienables estas tierras, sino que además las reconoce como de interés social, ambiental, paisajístico, turístico, recreativo e hídrico. Este enfoque integral responde a la relevancia del cerro Catedral en la identidad regional: más allá de ser el principal centro invernal de la Patagonia, constituye un espacio de patrimonio natural cuya preservación trasciende intereses particulares y adquiere dimensión de patrimonio colectivo.
El concejal Costa Brutten, en su rol de impulsor del proyecto, fundamentó la medida como un mecanismo para "generar una herramienta al Ejecutivo para defender" el patrimonio público municipal. Esta formulación subraya que la ordenanza no es meramente declarativa, sino que equipa al gobierno local con instrumentos legales concretos ante posibles presiones o negociaciones futuras respecto del territorio.
Desde una perspectiva provincial, la decisión de Bariloche ocurre en un contexto donde la presión sobre tierras públicas con valor turístico y ambiental es una constante en Río Negro. Ciudades como San Martín de los Andes y otras localidades de la región han enfrentado debates similares sobre cómo conciliar la explotación económica de activos naturales con su preservación.
La adopción de esta ordenanza representa un hito en la defensa del patrimonio público barilochense, estableciendo un antecedente legislativo que futuros gobiernos municipales deberán respetar y que releva responsabilidades sobre cómo se gestione la concesión del centro invernal dentro de estos límites legales predefinidos. Con el trámite registral pendiente, las próximas semanas serán determinantes para que este blindaje legal se consolide en el sistema inmobiliario provincial.