El Gobierno argentino rechazó implementar regulaciones sobre el desarrollo de Inteligencia Artificial, alineándose con la posición del Presidente Trump respecto a la política de libertad en tecnología.
El Gobierno argentino rechazó regular el desarrollo de la Inteligencia Artificial, en una decisión que sitúa al país en línea con la posición del Presidente estadounidense Donald Trump respecto a cómo debe gobernarse el avance tecnológico en sistemas de IA. La postura marca un viraje significativo en el debate global sobre el control estatal de estas tecnologías emergentes y posiciona a Argentina en un bloque específico de países que priorizan el desarrollo sin restricciones.
La decisión de Buenos Aires de no implementar un marco regulatorio para la Inteligencia Artificial refleja una estrategia más amplia del Ejecutivo de alinearse con los posicionamientos de la administración Trump en materia de política tecnológica. Mientras que distintos países y bloques como la Unión Europea han avanzado en regulaciones estrictas —como la Ley de IA de 2024—, el Gobierno nacional opta por un camino diferente que enfatiza la libertad de innovación sobre el control estatal.
Este posicionamiento coloca a Argentina en un contexto geopolítico donde la regulación de tecnologías emergentes se ha convertido en un eje de tensión entre distintos modelos de gobernanza. Mientras Washington rechaza marcos regulatorios amplios, argumentando que estos frenan la innovación y comprometen la competitividad internacional, otros gobiernos sostienen que la regulación es esencial para proteger derechos, evitar sesgos algorítmicos y garantizar transparencia en sistemas críticos.
La decisión del Gobierno implica que Argentina no establecerá restricciones específicas sobre el entrenamiento, desarrollo o despliegue de modelos de Inteligencia Artificial. Esta ausencia de regulación puede presentar oportunidades para empresas tecnológicas que busquen operar sin restricciones normativas, pero también plantea interrogantes sobre cómo se abordarán cuestiones de privacidad de datos, protección de derechos de autor, sesgos algorítmicos y responsabilidad en sistemas de IA que tomen decisiones que afecten a ciudadanos.
En el contexto nacional, esta postura representa un cambio respecto a lo que algunos sectores habían anticipado. Organizaciones de derechos digitales, academia y actores del ecosistema tecnológico han debatido durante meses la necesidad de regulación, particularmente en áreas como la protección de datos personales —materia que en Argentina ya cuenta con la Ley de Protección de Datos Personales— y la responsabilidad de plataformas que usan IA para moderar contenidos o tomar decisiones automatizadas sobre servicios.
La decisión argentina se inscribe en una polarización mundial sobre cómo gobernar la Inteligencia Artificial. La Unión Europea aprobó la AI Act, una normativa exhaustiva que establece niveles de riesgo y requisitos según el tipo de aplicación. China ha implementado regulaciones sobre sistemas generativos. Otros países como Reino Unido han optado por enfoques más flexibles, basados en principios sin prohibiciones específicas. Estados Unidos, bajo administraciones que rechazan regulación sectorial, ha promovido el uso de mecanismos de autorregulación privada.
Trump ha sido consistente en su crítica a regulaciones que considera excesivas. En su actual mandato, la administración estadounidense ha reiterado la posición de que la regulación de IA debe limitarse a casos específicos de riesgo extremo, pero no debe aplicarse de forma transversal al desarrollo de la tecnología. Este es el modelo que Argentina ahora adopta explícitamente.
Aunque el Gobierno rechazó regular el desarrollo de IA, quedan interrogantes sobre cómo se abordarán cuestiones conexas. Temas como la protección de datos en sistemas que utilizan IA, la responsabilidad civil por decisiones automatizadas, la discriminación algorítmica, y la verificación de información generada por modelos de lenguaje —particularmente relevante en elecciones y debates públicos— requieren algún nivel de orientación normativa. Organismos como el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el CONICET continuarán con sus tareas de investigación, pero sin un marco regulatorio de alcance general.
La próxima etapa será observar si esta decisión genera presiones internas de actores que demanden regulación específica en áreas críticas, o si el Gobierno avanza en construir consensos con el sector privado sobre estándares voluntarios. También será relevante ver cómo se articula esta postura con obligaciones derivadas del Acuerdo de Asociación que Argentina negocia con la Unión Europea, donde la regulación de IA es un tópico en discusión.
