Nuevos informes incorporados a la causa detectaron diferencias millonarias en compras de insumos médicos y ortopédicos, pagos duplicados y productos cuya entrega es cuestionada. Última Hora reconstruye los principales casos y qué está comprobado hasta ahora.
La investigación sobre la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos durante los últimos días. Informes técnicos enviados a la Justicia describieron diferencias de precios en insumos médicos y ortopédicos, posibles pagos duplicados y casos en los que la documentación de entrega no coincidiría con lo informado por los beneficiarios. En paralelo, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros 18 acusados en la causa.
Los nuevos documentos fueron elaborados durante la intervención del organismo y enviados al expediente judicial. Uno de los datos que más llamó la atención es la existencia de diferencias de hasta 1.972% respecto de valores abonados por otros organismos estatales, según los informes difundidos en las últimas horas.
Pero detrás del porcentaje hay casos concretos.
Uno de los ejemplos mencionados en la documentación corresponde a un sistema de válvulas bicavales transcatéter.
Según los informes citados en la investigación, ANDIS pagó $425 millones por el producto en julio de 2025, mientras que el PAMI había adquirido poco tiempo antes un producto identificado de la misma manera por $124,2 millones.
La diferencia nominal entre ambas operaciones es de aproximadamente $300,8 millones.
En términos relativos, el monto abonado por ANDIS fue alrededor de 3,42 veces el valor de la compra del PAMI.
$425 millones — ANDIS
$124,2 millones — PAMI
$300,8 millones — diferencia nominal
La comparación, sin embargo, debe interpretarse con cautela: para establecer si se trató exactamente del mismo producto, bajo las mismas condiciones comerciales, cantidades, fecha, prestaciones y modalidad de contratación, resulta necesario analizar los expedientes completos de ambas adquisiciones.
Ese punto es central para la investigación judicial.
Los informes también describieron diferencias particularmente importantes en el rubro de ortopedia.
Según la información incorporada a la causa, algunos precios llegaron a presentar diferencias de hasta 4.239% respecto de valores de referencia. También se detectaron casos en los que se habrían entregado productos de prestaciones inferiores a los adjudicados, aunque se habría facturado el importe correspondiente al producto de mayor valor.
Esto constituye una línea diferente de análisis respecto del dato del 1.972% difundido en los últimos informes.
Por eso, Última Hora no presenta ambos porcentajes como si fueran el mismo cálculo: corresponden a distintos relevamientos, productos y referencias utilizados en la documentación analizada.
Uno de los episodios más llamativos aparece relacionado con una prótesis para una persona que había sufrido una amputación.
Según el informe citado en la causa, existía un remito firmado que indicaba que el elemento había sido entregado. Sin embargo, el relevamiento realizado posteriormente habría determinado que la persona beneficiaria no había recibido materialmente la prótesis.
La documentación sostiene que la firma registrada en el remito habría sido obtenida durante la toma de medidas y que no representaba la recepción efectiva del producto.
Es uno de los puntos que deberá determinar la investigación judicial.
La investigación no se limita a una operación individual.
Según la información difundida a partir de la auditoría, nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos facturaron más de $25.661 millones a través de ANDIS durante el período analizado.
Además, una auditoría anterior había detectado un desfasaje de $158.717 millones al comparar registros de deuda de distintas áreas del organismo. Esa diferencia corresponde a los registros internos y no debe confundirse con un monto que la Justicia haya determinado como dinero defraudado.
$158.717 millones
Es la diferencia detectada entre registros internos de deuda de distintas áreas de la ex ANDIS.
No significa que ese monto haya sido acreditado judicialmente como un perjuicio económico.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros 18 acusados.
Según la Fiscalía, la investigación analiza presuntas contrataciones direccionadas, simulación de competencia, sobreprecios y posibles pagos indebidos vinculados con adquisiciones de medicamentos e insumos para prestaciones de alto costo y baja incidencia.
La hipótesis judicial sostiene que determinadas empresas habrían sido invitadas a participar de procesos de contratación mediante un sistema denominado SIIPFIS, mientras otros oferentes habrían funcionado como “pantalla” para simular competencia.
La Cámara también consideró que la documentación y los elementos secuestrados permitían observar relaciones entre proveedores, funcionarios y otros participantes de la investigación.
Todo esto forma parte de una causa en trámite: los procesamientos no equivalen a una condena.
En las últimas horas, el abogado Gregorio Dalbón presentó ante el juez federal Ariel Lijo un pedido para detener a Diego Spagnuolo.
El planteo fue realizado en su carácter de denunciante y deberá ser analizado por el juzgado. Entre los argumentos expuestos aparece el supuesto riesgo de interferencia en medidas de prueba todavía pendientes.
La situación procesal de Spagnuolo es distinta de ese pedido: la Cámara Federal ya confirmó su procesamiento en la causa, pero el pedido de detención constituye una medida que debe resolver la Justicia.
La causa judicial se originó a partir de audios atribuidos a Spagnuolo que fueron difundidos públicamente y que derivaron en una investigación sobre el funcionamiento de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad.
Posteriormente se realizaron allanamientos, análisis de dispositivos electrónicos y otras medidas de prueba.
La Cámara Federal confirmó recientemente los procesamientos y rechazó planteos de nulidad presentados por algunas defensas.
En agosto de 2025, el Gobierno había dispuesto la intervención de ANDIS y designado a Alejandro Vilches como interventor, con instrucciones específicas de revisar el funcionamiento del organismo y, particularmente, su sistema de compras y contrataciones.
Para evitar confusiones, Última Hora separa los hechos documentados de las hipótesis judiciales:
HechoSituaciónLa Cámara confirmó procesamientosConfirmado judicialmenteSe realizaron auditorías sobre ANDISDocumentadoSe detectaron diferencias de preciosDocumentado en informes técnicosDiferencias de hasta 1.972%Informado en documentación incorporada a la causaDiferencias de hasta 4.239% en determinados casosInformado en la investigaciónPagos duplicadosDetectados/informados en auditoríasPrótesis con entrega cuestionadaCaso bajo investigaciónExistencia de una asociación ilícitaHipótesis judicial; procesamientos confirmadosResponsabilidad penal definitivaNo determinada: la causa continúa
La investigación dejó de concentrarse únicamente en las declaraciones y audios que dieron origen al expediente.
Los nuevos informes permiten seguir el recorrido documental de las compras: qué producto se pidió, quién fue invitado a cotizar, qué empresas participaron, cuánto se pagó, cuál era el precio de referencia, qué se entregó y qué quedó registrado administrativamente.
Ese recorrido puede ser clave para determinar si las diferencias detectadas fueron consecuencia de errores administrativos, condiciones particulares de contratación o si, como sostiene la hipótesis judicial, existió un mecanismo deliberado de direccionamiento de compras.
La Justicia deberá establecerlo.
